El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su confrontación con la Universidad de Harvard, luego de que la institución se negara a cumplir con una serie de demandas impuestas por su administración. Entre las exigencias se incluyen la vigilancia y denuncia de estudiantes extranjeros críticos con Israel, la imposición de supervisores externos para garantizar diversidad ideológica en departamentos sensibles, y la implementación de auditorías sobre las opiniones de estudiantes y profesores.

Como respuesta al rechazo de Harvard, el gobierno federal ha congelado más de 2.2 mil millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos destinados a la universidad. Esta medida forma parte de una campaña más amplia dirigida a instituciones académicas de élite, algunas de las cuales ya han enfrentado amenazas similares de recorte de fondos. ​

El presidente de Harvard, Alan Garber, ha defendido la postura de la universidad, afirmando que las demandas del gobierno federal constituyen una injerencia política inadmisible y una amenaza a la libertad académica. Garber subrayó que Harvard no abandonará su independencia ni sus derechos garantizados por la Constitución.

Esta confrontación ha generado un debate sobre el alcance de la autoridad del gobierno federal en las instituciones académicas y la posible utilización de fondos públicos como herramienta de presión política. La situación también ha atraído la atención de figuras políticas como el expresidente Barack Obama, quien ha calificado las acciones de la administración Trump como una amenaza a la libertad académica. ​

En medio de este conflicto, otras universidades, como la Universidad de Columbia, han optado por acatar las demandas del gobierno federal, lo que plantea interrogantes sobre la independencia y la autonomía de las instituciones educativas frente a presiones políticas.

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xmh