Este acuerdo, vigente desde hace más de ocho décadas, establece cómo se reparten el agua que comparten ambos países en su frontera norte. De acuerdo con el tratado, México debe entregar a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo cada cinco años, mientras que EE.UU. proporciona anualmente 1,850 millones de metros cúbicos del río Colorado. A diferencia del compromiso estadounidense, el mexicano se mide por ciclos quinquenales, permitiendo que se compense el volumen faltante al siguiente periodo, siempre y cuando no haya incumplimiento continuo.

 

El conflicto actual se agrava por la fuerte sequía que ha azotado el norte de México durante casi cuatro años consecutivos. En este escenario, el caudal de afluentes clave como el río Conchos —que históricamente aporta más de la mitad del agua comprometida— ha disminuido significativamente. A ello se suma la presión de agricultores mexicanos que, desde hace años, denuncian que el tratado los deja sin el recurso necesario para mantener sus cultivos y ganado.

 

En 2020, la tensión escaló cuando campesinos tomaron presas en Chihuahua para evitar que se enviara el agua pactada, en lo que terminó siendo un conflicto que dejó víctimas fatales. Ahora, en 2025, Trump retoma el tema como parte de su estrategia política y asegura que México adeuda más de 1.3 millones de acres-pies de agua a Texas. Incluso ya hubo repercusiones: recientemente se suspendió el envío de agua del río Colorado hacia Tijuana, una ciudad que depende en gran parte de esa fuente para abastecer a sus habitantes.

 

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció los retos provocados por la sequía, pero sostuvo que México ha cumplido en la medida de lo posible. Aclaró que ya se presentó una propuesta inmediata para atender las exigencias del gobierno estadounidense, sin necesidad de renegociar el tratado. También hizo un llamado a mantener el diálogo técnico mediante la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el organismo binacional encargado de vigilar el cumplimiento del acuerdo.

 

Más allá de las cifras y los tratados, lo que está en juego es mucho más que un litigio entre gobiernos. La escasez de agua tiene efectos directos en la seguridad alimentaria, la estabilidad social de comunidades rurales y la relación bilateral entre dos países que dependen uno del otro en múltiples frentes. De no resolverse, este conflicto podría derivar no sólo en sanciones, sino en nuevos brotes de inconformidad social y afectaciones al comercio agrícola. La diplomacia y la ciencia hídrica tendrán que trabajar a contrarreloj.

 

Foto cortesía 

xmh