El presidente municipal cholulteca, José Juan Espinosa Torres, dijo que además se acercarán a la empresa Rellenos Sanitarios SA de CV (RESA) encargada del manejo de los residuos para que exhiba la documentación que avala su funcionamiento en Huejotzingo.

“Vamos a buscar platicar con esta empresa operadora de este relleno sanitario, que exhiba las pruebas o la documentación que compruebe que se cumplió con la normatividad federal vigente y yo creo que a partir del diálogo podremos encontrar una salida a este problema”, señaló.

Dijo que la intención es garantizar que no seguirá operando el tiradero para que no continúe contaminando el recurso hidráulico de la región.

Con respecto al relleno sanitario seco que se ubica en los límites de su municipio con San Andrés Calpan, el edil cholulteca refirió que es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) revisar que las prácticas de manejo de la basura se apeguen a la normatividad.

Consideró que sería lamentable que pese a la inversión millonaria que se hizo, los ayuntamientos que firmaron el convenio para tirar sus desechos sólidos o la operadora no estén cumpliendo con lo acordado.

Espinosa Torres agregó que es necesario que el titular de la dependencia estatal, Rodrigo Riestra, dé la cara en el caso de la contaminación de la cuenca hidrológica de la zona de Cholula, ya que de ella se abastece buena parte de la capital del estado.

“El señor secretario debería de salir a dar la cara, no es nuestra competencia municipal, el atlas de riesgo es público, es información pública y la propia secretaría debería salir a emitir una postura legal y moral, ya que ellos son responsable del manejo del medio ambiente a nivel estatal en coordinación con la federación”, insistió.

Reveló que tras dar a conocer que los mantos freáticos del municipio estaban contaminados con arsénico a causa del mal manejo de residuos sólidos y sus lixiviados, recibió “mensajes sicilianos” para que cuidara la información que da a conocer.

La dirección municipal de ecología analiza los alcances del problema para evaluar los recursos legales a los que podrían recurrir para detener el “ecocidio”.