El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI) celebra la detención del expresidente filipino Rodrigo Duterte, en cumplimiento de una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), por delitos cometidos en relación con su campaña de "guerra contra las drogas". Esta detención representa un paso importante hacia la justicia para las miles de víctimas de su brutal régimen.

El 11 de marzo de 2025, el Sr. Duterte fue arrestado por las autoridades en Manila y trasladado en avión a La Haya, donde fue entregado a la custodia de la CPI. Está previsto que comparezca por primera vez ante la CPI en los próximos días para ser acusado formalmente del crimen de lesa humanidad de asesinato, por actos cometidos en Filipinas entre 2011 y 2019.

Su liderazgo —como fundador del Escuadrón de la Muerte de Davao, alcalde de la ciudad de Davao y posteriormente presidente de Filipinas— estuvo marcado por una campaña de "guerra contra las drogas" altamente represiva que se cobró la vida de entre 6.000 (según estadísticas policiales) y 30.000 (según organizaciones de derechos humanos) personas. Las ejecuciones extrajudiciales de sospechosos, llevadas a cabo por la policía o escuadrones de la muerte dirigidos por el gobierno, se convirtieron en la norma, y los filipinos se despertaban a diario con noticias de nuevas ejecuciones. La gran mayoría de las víctimas de esta despiadada represión provenían de comunidades marginadas, y muchos de los ejecutados sin el debido proceso eran niños. Periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos que buscaban exponer los crímenes del gobierno o restaurar el estado de derecho en el país fueron silenciados rápidamente, a menudo a punta de pistola. Durante años, el miedo fue la principal moneda del régimen, moldeando una nación atenazada por la violencia y la impunidad.

En 2018, la CPI abrió un examen preliminar de los crímenes de lesa humanidad cometidos en relación con la "guerra contra las drogas" de Filipinas. Poco después, el entonces presidente Duterte, en un intento de evadir la rendición de cuentas, retiró a Filipinas del Estatuto de Roma , el tratado fundacional de la CPI. Sin embargo, esta maniobra no afecta la validez de la orden de arresto en su contra, ya que se refiere a los crímenes cometidos entre 2011 y 2019, cuando Filipinas aún era Estado Parte de la CPI.

Copresidente de IBAHRI, Mark Stephens CBE Comentó: «Duterte siempre se creyó intocable, hasta que dejó de serlo. A sus 79 años, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable. La CPI, justa e independiente, evaluará los gravísimos cargos que se le imputan, con pleno apego a la ley y a su derecho a un juicio justo».

Esto debería alertar a todos los líderes autoritarios que se sientan en sus tronos, creyéndose superiores a la ley. No es así. La justicia internacional puede ser un camino largo y tortuoso, pero finalmente llega a su destino.

El arresto de Duterte es solo un primer paso en esta dirección, pero se basa en años de valiente documentación y defensa por parte de víctimas, periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y muchos más. Es gracias a la valentía y la resiliencia del pueblo filipino que este caso tiene una base tan sólida.

En junio de 2024, el IBAHRI participó en una misión internacional de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas contra la profesión jurídica en Filipinas. El IBAHRI colaboró con las víctimas, sus representantes legales e instituciones filipinas para recabar pruebas no solo de los crímenes en sí, sino también de la arraigada cultura de impunidad que los posibilitó. Se constató que el país carece de un marco institucional capaz de llevar a cabo investigaciones efectivas sobre muertes potencialmente ilegales, una deficiencia persistente que debe abordarse para garantizar que los mecanismos nacionales de rendición de cuentas complementen la labor de la CPI. Si bien Duterte fue el cerebro intelectual, al otorgar a sus escuadrones licencia para matar, no actuó solo. La responsabilidad individual de quienes planearon e implementaron esta brutal política también debe evaluarse mediante un proceso legal justo e imparcial.

La copresidenta de IBAHRI, Hina Jilani, declaró: «El arresto de Duterte es un primer paso significativo para acercar a la justicia a las víctimas de su brutal 'guerra contra las drogas'. Felicito al presidente Marcos Jr. por cumplir con la orden de arresto de Interpol y aliento a su gobierno a cooperar plenamente con la CPI y a reincorporarse al Estatuto de Roma. IBAHRI insta al presidente Marcos Jr. a derogar las leyes y órdenes administrativas que permitieron la comisión de delitos graves y alienta a su gobierno a trabajar para alinear los mecanismos de rendición de cuentas del país con los estándares internacionales».

Neri Javier Colmenares, miembro del Consejo de IBAHRI, ganador del Premio de Derechos Humanos de la IBA 2020 y ex miembro del Congreso de Filipinas durante tres períodos, agregó: 'Como abogado de las familias de las víctimas de la guerra contra las drogas que presentaron la denuncia de comunicación ante la CPI en 2018, damos la bienvenida al arresto del expresidente Duterte como un hito significativo que da esperanza a las miles de familias que perdieron a sus seres queridos durante su brutal reinado.

Esto envía un mensaje contundente a quienes ostentan el poder y continúan violando los derechos humanos: la justicia finalmente los obligará a rendir cuentas. Esperamos que la CPI también rinda cuentas a los coautores del expresidente Duterte, quienes aún mantienen el poder en Filipinas. Este primer paso hacia la justicia no se habría logrado sin la perseverancia de los defensores de los derechos humanos en Filipinas y con el apoyo de organizaciones de derechos humanos en el extranjero.

El arresto de Duterte tiene que ver con la justicia y la rendición de cuentas, un principio que IBAHRI defiende fervientemente mientras continúa afirmando el respeto por los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

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