El Juzgado Primero de Distrito ordenó la suspensión del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 que la empresa Deselec-Comexhidro pretende construir en el río Ajajalpan, como consecuencia del Juicio de Amparo promovido por indígenas totonakus de San Felipe y Altica, en Tepatlán y de San Mateo Tlacotepec, en Ahuacatlán.

La hidroeléctrica Puebla 1, acotaron los pobladores, podría ser la generadora de energía cuya construcción fue anunciada el pasado 27 de junio por el presidente Enrique Peña Nieto, en la que participará la empresa canadiense Innergex, que es socia de Comexhidro.

Por ello indicaron los totonakus de la Sierra Norte de Puebla, decidieron dar a conocer la resolución que estará vigente hasta que se dicte sentencia en el procedimiento que iniciaron ante la justicia federal para poner un alto a la violación de sus derechos colectivos que, además de la Constitución, son protegidos por diversos tratados internacionales.

Luego de que fue admitida su demanda, el Juez de Distrito determinó la suspensión del proyecto y aunque la empresa se inconformó con esa resolución, el 2 de mayo pasado, el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en Puebla la confirmó con lo que quedó firme la obligación de  Deselec-Comexhidro de cumplirla.

En conferencia de prensa realizada este día en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) reafirmaron su oposición a la construcción de hidroeléctricas “que quieren ser presentadas como generadoras de energía limpia, cuando en realidad están vinculadas a proyectos mineros, de extracción de hidrocarburos y de privatización del agua de nuestros territorios para beneficio de empresas transnacionales”. 

La finalidad del proyecto Puebla 1, dijeron, es generar electricidad para Walmart y otras socias de esa empresa, según consta en el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía.

“Las comunidades reprochamos al Estado Mexicano que haya otorgado permisos diversos para la realización del referido proyecto hidroeléctrico, permitiendo la afectación de nuestro territorio y sus recursos naturales. Ejemplo de ello es la concesión que Conagua otorgó a Deselec-Comexhidro para el uso y aprovechamiento del Río Ajajalpan en el que pretende construirse la planta, y que incluye el aprovechamiento de manantiales y ríos que escurren hacia el mismo. ¿Dónde queda entonces nuestro derecho al agua reconocido en el artículo 4 constitucional? O la autorización otorgada por el INAH para la realización de las obras, a pesar de haber descubierto sitios arqueológicos en el lugar donde pretenden construir la hidroeléctrica, ¿dónde queda nuestro derecho al territorio y a nuestra cultura?”, se preguntaron

Al mismo tiempo denunciaron que se inició una campaña mediática para culpar a las comunidades de obstaculizar las inversiones en proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares, por la presentación de amparos, principalmente en Puebla y en Veracruz, tal y como lo declaró Jacobo Mekler, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) y director comercial de Comexhidro, según una publicación del periódico Reforma.

De acuerdo con Mekler, con los amparos promovidos por las comunidades contra los proyectos eléctricos se han bloqueado inversiones por más de 19 mil millones de pesos, 5 mil de ellos destinados a centrales en las que se usaría agua.

“Este tipo de declaraciones nos inquietan porque con ellas hay una negación a nuestra garantía de acceso a la justicia para la defensa y protección de nuestros derechos colectivos, así como una amenaza contra la independencia judicial que debe preservarse en todo estado de derecho. En realidad, a quienes debería señalarse es al conjunto de políticas y reformas legales como la energética, que han entregado nuestros territorios y recursos a las a las empresas privadas”, precisaron.

Por nuestra oposición al proyecto hemos vivido amenazas, fabricación de delitos, división comunitaria generada por la empresa al prometer dinero a las comunidades si el proyecto se realiza; engaños para lograr la adquisición de propiedades en la zona, así como una simulación de consulta avalada por la Secretaría de Energía.

Reiteraron que cerca de medio millón de habitantes de la Sierra Norte de Puebla están dispuestos a defender su territorio, sus vidas, buscando evitar la devastación ambiental y el desplazamiento forzado que se causaría si se concretan los 14 proyectos hidroeléctricos autorizados en el estado y la extracción de minerales en más de 300 mil hectáreas y de hidrocarburos con fracturación hidráulica.

“La tierra y el agua no son mercancías. Nuestros territorios no están en venta. La vida de nuestros pueblos está en riesgo. Exigimos al Gobierno Federal cumpla con su obligación de respetar, proteger y garantizar nuestros derechos, así como la cancelación del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 y el resto de los proyectos de muerte en la Sierra Norte de Puebla”. 

Acompañados por el Consejo Tiyat Tlali, el Centro de Investigación y Análisis Fundar y el Movimiento de Afectados por la Represas y en Defensa de los Ríos, los indígenas serranos responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de las situaciones de violencia que se pudieran generar por la imposición de los proyectos de grandes empresas privadas.