Eso, unos 700 mil pesos, pagaría este año Andrés Manuel López Obrador si mantuviera el seguro de gastos médicos mayores que, en 2013 —año en que se infartó—, tenía contratado con la empresa GNP.

Pedí a una persona experta en vender seguros privados una cotización para AMLO. Me la envió: por su edad y con sus antecedentes médicos conocidos, el expresidente hoy pagaría, si todavía lo tuviera, 772 mil 379 pesos. Una cantidad imposible de pagar para un hombre, ya retirado, con una pensión modesta. Por lo tanto, lo más probable es que Andrés Manuel desde hace años haya renunciado a su seguro de gastos médicos.

Se piense lo que se piense en la 4T de las aseguradoras privadas, lo cierto es que la izquierda hoy gobierna México gracias a que López Obrador pudo atenderse de una grave crisis cardiaca en un hospital privado, Médica Sur. La cuenta, que debió ser muy elevada, la pagó GNP porque afortunadamente alguien, con prudencia, había convencido al expresidente de adquirir un seguro de gastos hospitalarios.

Hubo dos intentos de autoridades de 2013 de pagar esa cuenta. Uno probablemente legal, pero inaceptable para alguien tan digno como AMLO. El otro absolutamente ilegal e inmoral.

El entonces presidente Enrique Peña Nieto ordenó que se buscaran recursos en alguna partida presupuestal que justificara pagar cirugías, medicamentos y cualquier cosa que AMLO necesitara. Supongo que la seguridad del Estado permitía hacer cualquier cosa para salvar la vida de quien era el principal dirigente opositor. Había un antecedente: el gobierno de Ernesto Zedillo contribuyó a pagar la atención médica del Nobel Octavio Paz. Andrés Manuel y su familia rechazaron la oferta porque, en primer lugar, la consideraron políticamente improcedente, y en segundo debido a que podían cubrir los gastos con el seguro de GNP.

La propuesta inmoral e ilegal fue de Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. El gobierno capitalino tenía un seguro de gastos médicos colectivo para algunos funcionarios. Mancera quiso ayudar con una trampa: meter a la nómina a AMLO con una fecha anterior al siniestro para, de esa manera, convertirlo en beneficiario del contrato con la aseguradora. Con bastante molestia se rechazó tal idea. Es la información que tengo.

El sistema público de salud de 2013 y el actual funcionan más o menos igual. Desde luego, si su familia hubiera llevado a AMLO al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán —ese año dirigido por el actual secretario de Salud, David Kershenobich— habría recibido la misma atención de calidad que en Médica Sur. Pero, por la razón que sea —excepto por la distancia, ambos hospitales son prácticamente vecinos— las personas más cercanas a Andrés Manuel decidieron acudir al hospital privado.

La ventaja para el Estado mexicano de que alguien elija hospitales privados en vez de los públicos es económica: no tiene costo para la tesorería del gobierno, sino que lo paga la familia del enfermo con sus recursos, con los de alguien más o, como ocurre en la mayoría de los casos, con su seguro de gastos médicos mayores.

Como he expresado aquí, en 2013 AMLO —con dificultades, sin duda— podía pagar su seguro privado. Él recibía un sueldo, si no recuerdo mal, de 50 mil pesos mensuales aportados por gente que apoyó su movimiento en los tiempos difíciles. Aunque no era barato aquel seguro de gastos médicos, con tres meses de salario podía pagarlo. Hoy, con una pensión de 30 mil pesos al mes, Andrés Manuel necesitaría destinar más de dos años de su jubilación del ISSSTE para pagar los 700 mil pesos que costaría este 2025 su seguro.

Una iniciativa de ley que la presidenta Sheinbaum debe apoyar

Anoche publiqué aquí el artículo “Las empresas privadas que salvaron a la 4T”. Me refería a GNP y a Médica Sur. Dije lo siguiente:

• Que entiendo a la 4T cuando trabaja a fortalecer a las grandes empresas del Estado mexicano, Pemex y la CFE, “porque, a diferencia de las empresas privadas, buscan el bienestar de toda la sociedad y no solo el enriquecimiento de sus accionistas”.
• Pero que, ni hablar, a veces las empresas privadas, sin que sea su objetivo, “benefician enormemente a la comunidad, inclusive a los grupos que más les rechazan”, como los de izquierda.
• Que la 4T existe gracias a dos empresas privadas, que la verdad sea dicha nadie regulaba adecuadamente en 2013 —ni en ningún otro momento de la época neoliberal— y que, seamos objetivos, nadie regula como se necesita en estos tiempos de la izquierda en el poder.
• Que, por lo tanto, lo que sigue es controlar correctamente —de ninguna manera desaparecerlas, que quede claro— a esas y a todas las empresas relacionadas con la salud de la sociedad mexicana.

Entendamos la situación. El sector salud está integrado por instituciones públicas —Nutrición, Cardiología, hospitales del IMSS y del ISSSTE, etcétera—, pero también por hospitales y aseguradoras privadas.

Cada persona que paga su atención médica en el sector privado no le cuesta al gobierno, lo que solo puede ser considerado positivo para las finanzas públicas.

La inmensa mayoría de la gente que acude a los hospitales privados lo hace gracias a que tiene un seguro de gastos médicos mayores. El problema es que las aseguradoras abusan, y mucho. Veamos.

Las compañías aseguradoras aumentan cada año sus precios por encima de la inflación, algo que no podrían defender ni siquiera los dos periodistas más neoliberales que conozco, Carlos Mota y Sergio Sarmiento. Recordemos que las compañías de seguros operan reguladas por el gobierno, específicamente por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que debería evitar los excesos de tales corporaciones, y que lo hace hasta donde puede: pero no puede mucho por falta de legislación más dura.

Los aumentos del precio de los seguros de gastos son particularmente elevados —hasta criminales— cuando el asegurado llega a los 60 años de edad.

Pareciera que las aseguradoras tienen esta política: “No queremos gente mayor porque, cuando envejece, es cuando más se enferma.” Así que, por la vía de los precios, espanta a sus clientes en la etapa de sus vidas en que más necesitan atención médica, que desde luego es el momento en que comienzan a jubilarse y, por lo tanto, a tener menos dinero.

Desde luego, el que paga es el Estado cuando necesitan hospitalizarse las personas mayores, ya enfermas y sin dinero para el seguro médico privado —que pagaron toda la vida, aunque nunca se hayan enfermado—.

Hay una iniciativa de ley del senador nuevoleonés Waldo Fernández para limitar el aumento de precio de los seguros médicos a partir de los 60 años de edad de sus clientes. La llevó a la Cámara de Diputados en 2015, pero no avanzó porque no la apoyó el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien argumentó que eso era distorsión de precios.

Meade un gran economista, pero supongo que bromeaba con el agumento de la distorsión de precios, ya que este concepto tiene sentido en mercados competitivos, que claramente no es el caso del oligopólico sector salud privado mexicano.

La iniciativa del senador Fernández debe ser apoyada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien quizá no tenga seguro privado de gastos médicos, pero conocerá personas cercanas a ella que ha sufrido para pagarlo durante años, hasta décadas y que con el brutal crecimiento de precios que nadie controla tendrán que abandonar a la edad en que más lo necesiten.

Posdata: Otro tema será regular con más energía a los hospitales privados, que también tienen sus cosillas.

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SDP Noticias

Columna de Federico Arreola

Foto: Especial

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