CDMX. - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un decreto que oficializa la desaparición de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un organismo creado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que estuvo en el centro de uno de los casos de corrupción más grandes de la administración pasada. El daño patrimonial causado por esta dependencia asciende a al menos 2,700 millones de pesos, un monto reconocido por el propio gobierno federal.

A través del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que Segalmex será fusionado con Diconsa, un organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Este proceso de fusión, que tiene un plazo máximo de 24 meses, implica la transferencia de todos los recursos materiales, humanos, financieros e inmuebles que aún se encuentren a cargo de Segalmex. Además, se deberá resolver todo lo relacionado con los trámites pendientes de esta entidad.

Un paso hacia la reestructuración del sistema alimentario

Con esta medida, el gobierno busca dar por terminado un capítulo de opacidad y malos manejos que marcaron la historia de Segalmex, institución encargada de garantizar la seguridad alimentaria en México.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que es el ente mayoritario en Diconsa, tendrá la responsabilidad de llevar a cabo los actos necesarios para concretar la fusión, la cual no solo afectará la estructura interna de los organismos, sino que también redefinirá la estrategia del gobierno en cuanto a la distribución y comercialización de alimentos en el país.

El nuevo organismo, denominado “Alimentación para el Bienestar”, fue anunciado por Sheinbaum en septiembre de 2024 y tiene como objetivo principal conectar a pequeños productores con mercados para la venta de sus productos. Se espera que la nueva entidad garantice un manejo más eficiente, transparente y directo de los recursos destinados a la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.

Segalmex, un nido de corrupción

Desde su creación, Segalmex estuvo involucrado en múltiples escándalos de corrupción. Según las autoridades, las irregularidades detectadas afectaron el 28% de los 9,500 millones de pesos que inicialmente fueron auditados. Los delitos cometidos incluyen delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, peculado y enriquecimiento ilícito. Este fraude, que fue destapado en 2019, sigue siendo uno de los casos de corrupción más relevantes de la administración pasada.

Hasta el momento, las autoridades han presentado 156 denuncias penales relacionadas con este escándalo, de las cuales 47 han resultado en órdenes de aprehensión. Sin embargo, solo 26 personas han sido vinculadas a proceso, entre ellas nueve exfuncionarios públicos y 17 particulares.

El exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segrestre, es el único funcionario de alto rango procesado por este caso, mientras que el exdirector general de la institución, Ignacio Ovalle, no enfrenta ninguna acusación formal, lo que ha generado críticas sobre la falta de consecuencias para los responsables de los mayores daños.

El reto de restaurar la confianza

Con la desaparición de Segalmex y su eventual integración con Diconsa, la administración de Claudia Sheinbaum asume el reto de restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas del desarrollo rural y la seguridad alimentaria. A pesar de que la disolución de Segalmex es un paso importante hacia la reestructuración, queda pendiente la tarea de asegurar que la corrupción no siga presente en los nuevos procesos.

Además, los trabajadores de Segalmex, quienes serán absorbidos por Diconsa, verán sus derechos laborales respetados. El decreto establece que la entidad fusionada actuará como patrón sustituto, garantizando la continuidad de los empleos y la atención a los asuntos pendientes de la extinta Seguridad Alimentaria Mexicana.

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Foto cortesía

xmh