Huauchinango, Pue.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio su visto bueno a la construcción de la Hidroeléctrica Puebla 1 en territorio del pueblo totonakú de los municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, no obstante haber encontrado al menos un sitio potencial de monumentos arqueológicos.

Lo anterior se desprende de la respuesta a la solicitud de información pública 1115100037416, realizada por este medio de comunicación, en la que la dependencia federal aceptó estar realizando el proyecto de “salvamento Arqueológico del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1” con financiamiento de la empresa Deselec-Comexhidro y alegó, que por encontrarse en ejecución “la información se considera como reservada”.

Entre las constancias entregadas aparece el oficio 401B(4)77/2016/1529 en el que el INAH informa a la empresa que el área donde se pretende instalar la subestación, el almacén y el campo de ingenieros  de la generadora de energía, es considerada como “potencial de monumentos arqueológicos, por lo que se sugiere se reubiquen estas áreas en algún punto que no represente afectación de ningún monumento arqueológico, histórico o paleontológico. Por lo que únicamente no autoriza la realización de obras o infraestructura” en el sitio del que da a conocer las coordenadas y que se ubica en medio de un lugar en el que se observa espesa vegetación, muy cercano al río Ajajalpan.

La investigación arqueológica fue iniciada por el INAH luego de que Deselec solicitara en julio de 2015 que le diera el visto bueno a su proyecto  hidroenergético, pero el instituto condicionó la aprobación debido a que señaló que el área de ejecución “comprende sitios arqueológicos que aún no están registrados y se desconoce sus características e importancia” y constituyó un grupo de profesionistas, encabezado por Alberto Diez Barroso Repizo para realizarla.

Según las constancias entregadas a este medio, la empresa Deselec pagó por “adelantado” los viáticos a los integrantes del proyecto arqueológico, puso a su disposición dos vehículos “de tiempo completo” uno para el trabajo de campo y supervisión y otro para que sin dificultades se trasladaran a la ciudad de Puebla.

Además estableció un campamento base en la comunidad, “cuya logística correría a cargo de los integrantes del proyecto arqueológico”.

Sin embargo, fue hasta abril de 2016, cuando los pobladores indígenas de San Felipe Tepatlán se percataron de la presencia de los estudiosos que les pidieron entrar a sus terrenos, provocando desconfianza e inconformidad, porque nunca les informaron para qué eran las mediciones y excavaciones que hacían, ni se identificaron plenamente con ellos.

Las obras y los permisos

En la solicitud hecha por la empresa al INAH, se enumeran las obras que componen la hidroeléctrica Puebla 1: una presa de concreto con capacidad de 450 mil metros cúbicos y cortina de 41 metros de altura; un túnel de conducción de agua de más de 4 mil metros de longitud (abajo del cerro), un pozo de oscilación de 60 metros; tubería de presión con caída de 337 metros y longitud de 885 metros; una casa de máquinas y subestación con estructura de concreto para alojar una turbina Pelton; una subestación eléctrica de mil 800 metros cuadrados y una línea de transmisión de más de 41 kilómetros que llegará hasta el Entabladero, Veracruz.

La ubicación de la infraestructura fue aprobada por el INAH, salvo la que tiene que ver con la subestación, el campamento de ingenieros y el almacén, aunque para salvar la dificultad, sugirió su reubicación.

Pero Deselec omitió informar al instituto sobre la construcción de un túnel de acceso hasta el cañón del río Ajajalpan, por donde bajarían la maquinaria y los camiones que participarán en la edificación, como lo planteó el responsable del proyecto Mauricio Justus en su primer acercamiento con los medios de comunicación hace casi cuatro años.

La empresa también aseguró que cuenta para este proyecto con las autorizaciones favorables de la Semarnat, no obstante que hace algunos días se desistió de la evaluación ambiental a la que se había sometido y, también indicó haber realizado una Consulta Indígena en términos del Convenio 169 de la OIT, cuando la falta de ésta es una de las principales reclamaciones que han hecho a los empresarios los indígenas totonakus que se oponen a la hidroeléctrica.