Ciudad de México, Méx. - El Senado de la República aprobó recientemente una reforma que fortalece el rol de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en la gestión de la seguridad pública del país.

La reforma, que pasó por unanimidad, busca redefinir las responsabilidades y el mando en el ámbito de la seguridad nacional, devolviendo el control a un mando civil y otorgando mayores facultades tanto al Ministerio Público como a la Guardia Nacional.

Uno de los puntos más destacados de esta reforma es el regreso de la estrategia de seguridad bajo la dirección de una autoridad civil. La nueva estructura establece que la SSyPC será responsable de formular, coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con la misión de implementar políticas, programas y acciones que respondan a las crecientes demandas de seguridad en todo el territorio mexicano.

El texto también modifica el artículo 21 de la Constitución para dar un nuevo marco legal que define claramente el papel de la SSyPC en la investigación de los delitos. De acuerdo con la reforma, la investigación criminal será una tarea conjunta entre el Ministerio Público, la SSyPC, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, bajo la coordinación y supervisión del Ministerio Público, un cambio clave que busca mejorar la eficiencia en la persecución del crimen.

Otro aspecto fundamental es la creación de lo que algunos expertos ya llaman la "super secretaría", la cual estará bajo la dirección de Omar García Harfuch, un funcionario conocido por su trabajo en la Policía de la Ciudad de México.

La nueva Secretaría de Seguridad será la encargada de coordinar no solo la estrategia nacional de seguridad, sino también el sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, lo que implica una centralización de la información relacionada con el crimen y una mejor articulación entre las diversas fuerzas de seguridad.

Además, la reforma establece que la SSyPC podrá tomar decisiones importantes a nivel nacional, como coordinar los esfuerzos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, garantizando la distribución eficiente de recursos y el cumplimiento de estándares nacionales de seguridad.

Se contempla también la creación de lineamientos y acuerdos que promuevan la cooperación entre las diversas instituciones responsables de la seguridad pública.

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Foto cortesía

xmh