San Andrés Cholula, Pue.- Adán Xicale Huitle, preso por más de un año por oponerse al Parque Intermunicipal de Cholula, lamentó que en la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH) donde se reconoce la violación a sus derechos el día de su detención, no contemple sanción en contra de los altos mandos de la policía o del presidente municipal, Leoncio Paisano.

El activista consideró que el resolutivo es tardío –porque llega año y medio después- incompleto y encubre a la autoridad.

Adelantó que recurrirá a su derecho para iniciar un proceso penal en contra de dichas autoridades y que solicitará al ombudsman nacional que revise el caso y emita un nuevo veredicto.

Desde su consideración, el análisis del caso también debió incluir a las autoridades judiciales que permitieron la privación ilegal de su libertad desde el día 7 de octubre hasta el día 10, cuando se libró la orden de aprehensión, sin embargo eso no ocurrió.

“Consideramos que la comisión estatal no cumple con su papel de defensora, pero sí vamos a insistir en que sí continúe o vamos a presentar la inconformidad respectiva que la ley nos permite para inconformarnos, no estamos de acuerdo con esa parte que exime de responsabilidad a los altos mandos de la policía, al presidente municipal, al Ministerio Público y al juez”, señaló.

Paul Xicale, hijo de Adán y también preso, sostuvo que lo que buscó el ombudsman local fue deslindarse emitiendo argumentos incompletos debido a la presión que se emite sobre ella para dar resultados.

Detalló que, con todo, utilizarán la recomendación como elemento en su lucha judicial para desacreditar, de una vez por todas, que el delito de motín por el cual están sujetos a proceso no ocurrió.

Como está la recomendación de la CDH -que pide iniciar proceso ante la Contraloría Municipal, así como ante el Ministerio Público a los policías que mintieron en las condiciones en las que se dio la detención- solo permitirá al ayuntamiento tener “chivos expiatorios” y no llegar al fondo del asunto.

Xicale dijo que dejarán que corra el proceso que sugiere la comisión, sin embargo, para ellos no resulta satisfactorio.

En conferencia de prensa en un anexo de la parroquia de San Andrés, también estuvieron presentes cuatro de las personas sobre las cuales aún pesa una orden de aprehensión por los mismos hechos, quienes aseguraron que se trata de un mecanismo de intimidación.

Sin embargo, según explicó Xicale, por el tiempo transcurrido sin una acción judicial, que rebasa el año, el caso habría expirado.