San Andrés Cholula, Pue.- Para paliar las afectaciones que podría generar en las finanzas municipales el recorte presupuestal anunciado por la federación, no se descarta un ajuste de personal en el ayuntamiento, reconoció el alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias.

Además se comprometió a replantear a los regidores un ajuste a sus salarios con la intención de generar más ahorros que permitan redireccionar el dinero a áreas prioritarias.

“En su momento lo que tengamos que hacer los regidores y el presidente también pueda ser en ese sentido, entonces así lo haremos, haremos lo necesario (…) sí tiene que ver con la baja de salario porque sin duda debemos atender esta situación y dentro de esas estrategia sí está considerada la situación de poder bajar el salario”, expuso el edil.

Esta es la segunda ocasión en que el munícipe ofrece una medida como ésta, la primera ocasión fue a finales de 2014, pero la invitación fue desoída por los integrantes del Cabildo y no quedó documentalmente claro que el edil haya ajustado a la baja sus emolumentos en 10 por ciento como lo comprometió.

El presidente municipal no precisó de qué tamaño podría ser el recorte, ya que aún se evalúa en qué áreas y niveles podría resultar más afectivo. A la fecha la nómina incluye a 800 trabajadores y representa un monto quincenal de 2.5 millones de pesos.

Casi al cierre del primer bimestre del año tampoco se tiene precisión de qué magnitud será el recorte presupuestal, aunque el edil recordó que en 2015 el ajuste que se sufrió fue marginal.

Con todo, dijo que se buscarán los mecanismos adecuados para que no se afecten las obras públicas que generen mejoras en la calidad de vida de los cholultecas. 

Paisano Arias señaló que el municipio cuenta con finanzas sanas, sin deuda pública, lo cual le permite sobrellevar los momentos complicados, además, la llegada de nuevos desarrollos inmobiliarios a la demarcación, ha fortalecido la captación de ingresos propios.

Otro elemento que apuntala las condiciones favorables del municipio es la certeza jurídica que se tiene del territorio, a raíz del decreto de 2013 que marcó con claridad la división con la capital del estado.