Desde noviembre de 2019, en que inició la gestión que encabeza Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), autoridades de diversos niveles de gobierno han rechazado 37 de sus recomendaciones, una de ellas de Puebla.

Debido a ello, el organismo ha solicitado al Senado las comparecencias de 39 autoridades por la no aceptación de sus informes, según lo expuso el organismo a través de un comunicado.

Entre las autoridades que se han negado a aceptar las recomendaciones emitidas por la CNDH se encuentran las de carácter federal como la Secretaría de Marina con 9 recomendaciones no aceptadas; la Secretaría del Trabajo con 2, y la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Universidad Pedagógica Nacional y el Órgano Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, con una recomendación no aceptada cada una.

Asimismo, se tiene registro de gobiernos estatales como el de Guanajuato y Oaxaca con 2 recomendaciones rechazadas, respectivamente; y los gobiernos de Veracruz, Tabasco, Nayarit, Chiapas y Puebla con una recomendación no aceptada por cada autoridad.

De igual forma, algunas autoridades y dependencias locales se han negado a aceptar y cumplimentar recomendaciones, como la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Fiscalía de Tabasco con 2 recomendaciones rechazadas cada una.

Y las fiscalías de Querétaro y Chiapas con una recomendación no aceptada cada una, al igual que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; las Comisiones de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Quintana Roo y Chiapas, así como ocho ayuntamientos del estado de Oaxaca, tres de Veracruz y uno de Guanajuato, Guerrero, Chiapas y San Luis Potosí.

“Nosotros creemos que la transformación que vive el país obliga a revisar el esquema legal bajo el cual se rige esta Comisión Nacional, en virtud de que está probado que no es el óptimo para el cumplimiento de su misión constitucional”, se indicó.

Se indicó que desde su creación, la CNDH sólo ha estado capacitada legalmente para emitir “recomendaciones”, que son en realidad declaraciones sin ningún carácter de obligatoriedad, que es lo que desde 2011 mandata el artículo 1º de la Constitución: “la obligación de toda autoridad de observar y respetar los derechos humanos, y es la fecha que no se cumple”.

Destacó que para garantizar una efectiva defensa de los derechos del pueblo de México, el actual sistema no jurisdiccional está superado.

“Prueba de ello es que, después de casi 33 años de creada la CNDH, resulta limitante de su autonomía dejar en manos del Senado el único mecanismo con que cuenta para hacer cumplir sus recomendaciones, que a la fecha no ha funcionado y, peor aún, se presta a negociaciones y cálculos políticos al margen de la Comisión, y desde luego de las víctimas”, agregó.

Foto: archivo m

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