El eje de la comunicación social del actual gobierno federal se ha centrado en la figura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien, mediante conferencias de prensa diarias y discursos en actos públicos, se posiciona directamente sobre los temas que considera prioritarios.

A lo largo de este sexenio, el gobierno federal ha señalado que dichas conferencias de prensa son espacios de transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, las declaraciones de funcionarios/as públicos/as, no sustituyen a los procesos formales de acceso a la información.

A lo largo de dos años, la organización Article 19 presentó 84 solicitudes de información y 22 recursos de revisión relativos a 34 declaraciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador entre 2019 y 2022. 

Las declaraciones se agruparon en siete ejes temáticos: Corrupción (tres declaraciones); Economía (nueve declaraciones); Covid-19 (tres declaraciones); Organismos autónomos (cuatro declaraciones); Programas sociales (tres declaraciones); Seguridad (nueve declaraciones) y Otros asuntos (tres declaraciones).

En cada caso se citó la declaración realizada por el presidente López Obrador, la fecha, el contexto en la que esta fue emitida y se solicitó la información pública que la sustentara. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Solamente dos de las 34 declaraciones (5.6%) fueron respaldadas con información pública.

Una de las declaraciones (2.9%) presentaba información verificable, pero se omitieron datos para situarla en su justo contexto.

En dos casos (5.9%) se empleó información de manera engañosa.

En 20 casos (58.8%) ni la OPR ni otras instituciones de la Administración Pública Federal presentaron datos que permitieran comprobar la veracidad o falsedad de los dichos del presidente.

La información pública proporcionada por las propias instituciones demuestra que nueve de las declaraciones (26.5%) fueron falsas.

“Cuando una figura tan relevante como lo es la Presidencia de la República difunde información falsa o que no está sustentada en datos oficiales, se genera un profundo efecto negativo en la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión, pues se perjudica el derecho de las personas a estar informadas y a ejercer otros derechos”, destacó Article 19.

“Este efecto negativo se maximiza cuando la desinformación se genera en espacios que, de inicio, deberían tener una vocación informativa, como lo es una conferencia de prensa, un anuncio público oficial o la presentación de un informe de gobierno”.

Los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con los datos que Article 19 ha documentado en sus últimos informes anuales: el gobierno federal ha desplegado una estrategia de desinformación dentro de su política de comunicación social, la cual se acompaña de la cancelación efectiva de los procesos legales de acceso a la información, así como del ataque a voces críticas, a las que identifica como adversarias.

Foto: archivo m

gse