Ante lo cual, la Secretaria de Educación Pública (SEP) aseguró que presentará un recurso de queja contra y analizará la constitucionalidad del nuevo modelo educativo.

 

Mientras continúa el proceso legal, “seguirá la implementación del Programa Piloto del nuevo Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en 960 escuelas del país” advirtió la dependencia federal.

 

Recordemos que la asociación “Educación con Rumbo” informó, este domingo, que el juez determinó concederle la suspensión solicitada, tras presentar el recurso de amparo 1457/2022.

 

En un comunicado de prensa, la SEP señaló que no ha sido emplazada en el juicio de amparo. Sin embargo, señalo que tras consultar el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la página del Consejo de la Judicatura Federal, pudo corroborar la suspensión provisional, publicada el pasado 30 de septiembre.

 

“La SEP interpondrá un recurso de queja en contra de la admisión de la demanda y en contra de la concesión de la suspensión provisional”, señaló, al tiempo que indicó que las audiencias incidental y principal están fijadas para fechas próximas en el mes de octubre.

 

El artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que la educación que imparta el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad, argumentó el abogado Miguel Ángel Ortiz, representante de “Educación con Rumbo”

 

Por lo que consideró que el Programa Piloto de la SEP es inconstitucional al establecer dos modelos de educación: uno para 960 escuelas públicas “que no cumple con el estándar de calidad, que no cuenta con la certeza de los planes, programas y material educativo que servirán de base, además de que los maestros no hayan sido previamente capacitados; y otro para el resto de escuelas públicas y privadas”.

 

Y agregó que no existe justificación legal para que la SEP únicamente implemente el Programa en escuelas públicas, por lo que el modelo que se aplicará a los niños de las 960 escuelas públicas es discriminatorio y se trata de un modelo “prueba-error”, el cual calificó de experimental y, por ende, inconstitucional al tratarse de un Programa que no garantiza la educación científica ni de calidad en condiciones de igualdad como lo establece la Constitución.

 

Como “una decisión valiente y sin precedentes del Poder Judicial” la suspensión provisional del programa piloto calificó Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de “Educación con Rumbo".

 

Además señaló que esta determinación “obliga a las autoridades a replantear la política educativa del país a la luz de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales en favor de los menores y a garantizar la participación y aprobación de la sociedad civil tal y como establece el artículo 135 de la Ley General de Educación”.

 

El amparo concedido es un logro inédito y relevante de la sociedad civil para garantizar el interés superior de los niños y niñas de México y “asegurar una educación en condiciones de igualdad, sustentado en el método científico y libre de contenidos ideológicos”, finalizó.

 

Foto: Criterio Hidalgo

LSM