Municipios Puebla

Vaya claros-obscuros, más obscuros que claros, de la forma en que el gobernador Miguel Barbosa Huerta conformó su gabinete, los 23 cambios de funcionarios que ha realizado y el hecho de que estén en prisión el ex secretario del Transporte y el ex titular de la Auditoría Estatal, y la forma en que fueron defenestrados el ex titular de Gobernación y su esposa en la SEP.

 

Además, cesó al Secretario de Seguridad Pública, el chiapaneco Raciel López Salazar, señalado de actos de corrupción y cobro de cuotas en los Ceresos de la entidad, más goza de “fuero” y hoy está al frente de la Delegación de la Fiscalía General de la República en Quinta Roo.

 

Ahora la “guillotina gubernamental” pende de un hilo sobre la cabeza de Abelardo Cuéllar Delgado, ex Secretario del Trabajo.

 

Barbosa Huerta conformó, él y sólo él, a su equipo de trabajo y resulta que, o no tuvo la debida información de sus asesores, o fue engañado.

 

Pero lo que hoy se oculta, es que él propuso –por no decir que impuso- al Congreso el nombramiento de Francisco Romero Serrano al frente de la Auditoría General del Estado.

Y a través de la Fiscalía se armaron las carpetas de Investigación, y hoy están en la cárcel.

O sea, Barbosa lo puso, Barbosa lo quitó.

 

Situación similar aconteció con –el elbista- Guillermo Aréchiga Santamaría, designado Secretario de Movilidad y Transporte, quien primero fue sacado de su oficina por policías estatales y el 28 de febrero aprehendido y enviado a San Miguel, bajo la acusación de actos de corrupción en la entrega de concesiones del transporte público.

 

O sea, Barbosa lo puso, Barbosa lo quitó.

 

Antes, en febrero del año pasado Alejandra Domínguez Narváez, subsecretaria de Educación Obligatoria –antes Básica- elementos de la policía estatal “no le permitieron la entrada a su oficina” y la escoltaron para que abandonara el edificio de la SEP.

 

Cese de Alejandra Domínguez que su esposo David Méndez Márquez, Secretario de Gobernación, desconocía.

 

Y días después, David Méndez también fue renunciado a la titularidad de Gobernación.

O sea, Barbosa los puso, Barbosa los quitó.

 

Vaya manera tan especial de cesar a sus funcionarios con “auxilio de la fuerza pública”.

Vaya manera de encarcelar a quienes él designó secretarios de Despacho.

 

Y otros, como el “Grupo Chiapas”, si no hubo perdón… SÍ olvido.

 

VAN POR “LA CABEZA” DE ABELARDO CUÉLLAR

 

Ahora la “guillotina gubernamental” pende de un hilo sobre la cabeza de Abelardo Cuéllar Delgado, quien estuvo al frente de la Secretaría del Trabajo, primero de julio de 2019 al 13 de enero de 2022, y de quien el Ejecutivo Estatal, a pregunta de un reportero sobre adeudo a trabajadores del ICATEP, expresó:

 

“Había un descuido de parte del gobierno, porque así han sido los gobierno de Puebla, donde sus áreas jurídicas están llenas de abogados incompetentes, todos los juicios pierden, todos, y muchos de esos juicios se coluden con los abogados; y el caso del ICATEP fue un caso muy fuerte, muy fuerte, en el que tiene responsabilidad el anterior Secretario del Trabajo; sí, sí la tiene, y lo digo claramente”.

 

Preguntó, “¿saben cuánto lleva pagado mi gobierno en laudos del tiempo que soy gobernador a la fecha? –primero de julio 2019 a la fecha-, para responder él mismo:

doscientos treinta y tantos millones de pesos.

 

“¿Y saben quién me pidió autorización para ello?... Nadie, no tuve conocimiento de eso; sí, porque los jurídicos se coludían con los abogados del trabajador actor y pedían el dinero, y los secretarios se ponían muy nerviosos y pagaban.

 

“Entonces fue cuando yo asumí el timón de esto y pedí que se hiciera un dictamen y antier me lo presentaron”.

 

Hasta ahí resumen de la mañanera del pasado 18 de mayo del mandatario Barbosa Huerta.

Lo que motivó al ex titular del Trabajo a publicar ayer un desplegado a plana entera en La Jornada de Oriente: “Posicionamiento del Lic. Abelardo Cuéllar Delgado sobre los señalamientos que le dirige el Gobernador de Puebla”.

 

Ahí expone, “a partir de dicha declaración –arriba citada- se ha orquestado una campaña en medios digitales de comunicación y prensa escrita, preparando el escenario para “justificar” ante la ciudadanía denuncias penales por delitos falsos o fabricados que puedan llevar a la privación de mi libertad.

 

“Sostener que las y los trabajadores acuden a los juicios laborales para armar contubernio entre los abogados de los empleados y sus abogados defensores es un argumento carente de sentido.

 

“Del dominio público siempre fue que un despacho asesoró en la defensa a un grupo numeroso. A sabiendas de ello, desde el inicio del nuevo gobierno fui llamado por el gobernador a ocupar la Secretaría del Trabajo.

 

“¿Con qué intención? ¿Neutralizar mi función como abogado? ¿Hacerme secretario de estado para no pagar esos laudos? ¿O para entrar en contubernio, como él dice?

 

“Qué sentido tiene arrojarme una presunta “responsabilidad”, con insinuaciones perversas, por asuntos como el del Icatep, “despedidos desde hace ocho años por el morenovallismo.

“¿Dónde está mi responsabilidad como secretario de Trabajo en todo ello?”.

 

“Es un llamado a la rectificación del gobierno en este intento por criminalizar mi desempeño como servidor público. No pretendo ningún cobijo de impunidad porque no he cometido delito alguno. La historia reciente de Puebla está plagada de casos de personas inocentes a las que se encerró en prisión sin haber cometido delito y, francamente, no quiero verme en esa situación, que lastima injustamente a las personas y degrada a los gobiernos a la condición de autoritarios y arbitrarios.

 

“En mi condición de secretario de ramo me reuní las veces que el gobernador estimó necesarias para informarle de mi gestión.

 

Jamás me hizo comentario sobre irregularidades en mi trabajo, ni me llamó para aclaraciones”, concluye resumen del texto de Abelardo Cuéllar.

 

De ahí, que por enésima vez se pregunta:

 

¿Quién sigue?

 

Al tiempo.