A través de un desplegado dirigido al presidente de México, Enrique Peña Nieto, la Delegación Sindical D-II-I-1 del INAH pidió frenar las obras que actualmente se realizan junto a la pirámide de Cholula, pues acusó que de continuar el proyecto se dañará a los sistemas constructivos de esta zona arqueológica.

El documento, que apareció en algunos medios de comunicación, incluso a nivel nacional, fue dirigido además al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, así como al pueblo de México.

Los sindicalizados acusaron que a la fecha siguen realizándose obras alrededor de la zona arqueológica que comparten los municipios de San Pedro y San Andrés, mismas que contemplan la construcción de instalaciones deportivas, comerciales, recreativas, espejos de agua, estacionamientos, entre otros elementos.

Consideraron que de continuar desarrollándose el proyecto habrá daños a la estructura de la pirámide de Cholula, debido al uso desmedido de cemento.

Justificaron su postura con el argumento que los sistemas constructivos de la zona arqueológica son de tierra, de tal manera que la estabilidad del núcleo de la pirámide depende del balance medioambiental.

De esa manera, aseveraron que resulta imperativo mantener los niveles de humedad promedio, pues un exceso podría derivar en derrumbes, además, ocasionará un déficit en la pulverulencia en los cortes de los túneles.

Denuncian actos represivos

En el mismo documento, en el contexto del actuar del gobierno municipal de San Andrés Cholula y de las autoridades estatales, retomaron actos de represión en contra de ciudadanos que se opusieron al proyecto.

Destacaron el encarcelamiento de dirigentes de organizaciones cholultecas, como el caso de Adán y Paul Xicale, así como de Primo y Albino Tlachi.

Así mismo, afirmaron que al interior del INAH Puebla se ha promovido acoso laboral en contra de trabajadores que tampoco han mostrado su respaldo a lo que definieron como “afectación del patrimonio edificado de Puebla”.

Responsabilizan a directora general

De esa manera, responsabilizaron de manera directa a la Directora General del INAH, Teresa Franco, por el incumplimiento y violación de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de la Ley Orgánica del instituto que dirige.

Al respecto, señalaron que los trabajos son realizados con la autorización de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, en carácter de “Trabajos Preliminares”, mientras que –aseguraron- el resto prosigue de manera ilegal.

Exigen frenar las obras

Por lo anterior, los representantes de la Delegación Sindical D-II-I-1 demandaron la suspensión definitiva e inmediata de los trabajos referidos, pues los calificaron como una “evidente agresión al pasado prehispánico” de esta región.

También exigieron la liberación de activistas que fueron detenidos a raíz de protestas que realizaron contra el proyecto encabezado por el Gobierno de Puebla.

Así mismo, sugirieron la generación de un proyecto integral con propuestas académicas, que brinde atención a las problemáticas arqueológica y social.