Un análisis de 155 quejas ciudadanas turnadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) obtenidas a través de una solicitud de información, permitió identificar por lo menos cinco formas de violentar las reglas de operación y obtener beneficios sin cumplir con los requisitos.

 

Un 60% de los reclamos ingresaron por el sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, una plataforma creada en la administración actual con el objetivo de fomentar la denuncia.

 

Algunas de las irregularidades más repetidas en los documentos son: usurpación de identidad y robo de datos personales a empresas y becarios, retención de las tarjetas bancarias y de un porcentaje del dinero, registro de amigos y familiares de servidores públicos y de tutores, uso del programa con fines proselitistas y la ausencia de capacitaciones, entre otros.

 

 

En 2019 y 2020 ciudadanos afectados por malos manejos en el programa recurrieron a la Oficina de la Presidencia con cartas dirigidas a Andrés Manuel López Obrador, se quejaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta marcaron al número de emergencias 911. Deseaban exponer todas las fallas del programa federal.

 

 

 

 

 

 

 

Según las denuncias los intermediarios habrían retenido entre 25% y 70% del apoyo.

 

En un expediente fechado al 5 de junio de 2020 se describe la operación de una supuesta red de corrupción que es coincidente con lo narrado en la mayoría de las quejas. En esta estructura hay empresas, jóvenes y funcionarios involucrados.

 

“Hay un cabecilla que organiza a la gente. Consiguen pequeños propietarios que se presten al esquema para usar su documentación. Luego consiguen becarios para darlos de alta en el sistema y registrarlos en los negocios que son de ellos. El cabecilla se queda con las tarjetas y cuando cae la beca reparte el dinero entre los jóvenes, los propietarios y un funcionario que se presta a este esquema”, detalla.

 

Otro expediente de octubre de 2019 narra una operación similar, pero con un ingrediente adicional: el desvío de recursos públicos para campañas políticas.

 

El docummento explica que un grupo político local creó una empresa ficticia que registró como centro de trabajo de JCF. En esa empresa pantalla se asignaron a 20 jóvenes con los que previamente se acordó que entregarían 2 mil 600 pesos de su apoyo a cambio de no asistir a las capacitaciones. Es decir, habrían retenido 70% de las becas y, según se denunció, con los recursos obtenidos se financió una campaña política municipal.

 

Este caso llegó a través del Sistema de Ciudadanos Alertadores, estructura que realizó un análisis de la denuncia y detectó tres probables faltas administrativas graves: desvío de recursos públicos, abuso de funciones y cohecho.

 

Además se encontraron otros ocho expedientes en los que también se señala el uso del programa para fines electorales.

 

De las 155 denuncias, en 43 casos se acusa el condicionamiento del programa a cambio de un porcentaje de la beca y la retención de tarjetas bancarias, y en 25 quejas se señala el uso de JCF para beneficiar a familiares y amigos de servidores públicos.

 

También destacan 16 expedientes de empresas que denuncian usurpación de identidad, robo de datos personales, amenazas y hostigamiento.

 

La beca consiste en 5 mil 258 pesos mensuales, cuenta con un presupuesto en 2022 de 21 mil millones de pesos y se estima una incorporación de más de 400 mil beneficiarios.

 

Se buscó a las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Función Pública (SFP) para conocer sus opiniones. Ambas pidieron cuestionarios.

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social no respondió, y la Función Pública detalla que tiene más de 160 expedientes de investigación abiertos. También explica que no tiene facultades para sancionar los casos que involucran a becarios afectados por tutores o externos, debido a que no son servidores públicos.

 

Foto:Archivos-e

LSM