La diputada de Movimiento Regeneración Nacional, Cecilia Villantes Rodríguez, presentó un exhorto a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para que desde el ámbito de su competencia instalen una oficina de representación en Tlaxcala.

La legisladora comentó que el objetivo es garantizar el libre desarrollo y la protección de las poblaciones indígenas, para que cuenten con el pleno reconocimiento de sus libertades fundamentales.

Villantes Roddríguez informó que de los 28 mil habitantes de origen indígena, al menos el 6 % tiene alguna limitación física o psicológica, mientras que el 20 % no cuentan con escolaridad.

El exhorto que fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, establece que con la oficina de representación estarían garantizando la protección de más de 28 mil habitantes que aún se auto adscriben como indígenas, según el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

La legisladora planteó la importancia de que el Gobierno Federal implemente acciones y políticas públicas de atención diferenciada a este sector de la población, además de incorporar a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del estado, bajo el estricto respeto de sus tradiciones y patrimonio.

Tlaxcala se encuentra entre los 15 estados de la República Mexicana con mayor proporción de población indígena, con 27 mil 653 habitantes que pertenecen a alguna etnia. 

Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 2.6 por ciento del total de la población de 1 millón 169 mil 936, son indígenas, es así como en la entidad más pequeña del país hay habitantes que aún conservan costumbres y lenguas nativas.

Entre las lenguas más comunes están los que aún dominan el Náhuatl, con 23 mil 402 hablantes mayores de 5 años de edad; el Totocana, con mil 668; aquellos que hablan Otomí, con 594; y Zapoteco, con 227 personas. 

Recordemos que desde en 2018 fue creada la ley que dio vida al INPI, por el Gobierno Federal, lo que la convirtió en la instancia gubernamental encargada de dar certeza jurídica, garantizar la protección de sus derechos, así como de la participación y vinculación de los pueblos indígenas y afromexicanos en el desarrollo de las entidades y el país.

Foto: Archivo-e

LSM