La diputada federal de Morena, Inés Parra Juárez, pidió a Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una reunión de trabajo con personal de la institución, para hablar sobre el Derecho de Alumbrado Público (DAP) y la posibilidad de cancelarlo.

La legisladora poblana informó que el lunes entregó la solicitud de manera formal al funcionario federal.

Lo anterior luego de que con el convenio del cobro del DAP se dio paso a una acción de inconstitucionalidad 87/2020, que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de la cual se “determina, entre otras premisas, que el cobro del mal llamado Derecho de Alumbrado Público, no es un derecho, sino un gravamen o impuesto, y por tal motivo este impuesto era injusto y anticonstitucional por ser un cobro doble para un mismo servicio que, por cierto, ya se prevé en el cobro del IVA del impuesto predial”, señaló.

La morenista recordó que el pasado 24 de diciembre el Congreso de Puebla aprobó en la Ley de Ingresos del estado el cobro del DAP para 143 ayuntamientos de la entidad, el cual tendrá que cobrarse a través de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el fin de que la paraestatal recaude los cobros y se tomen a cuenta de lo que los municipios deben pagar por el servicio de energía eléctrica.

Sin embargo, la legisladora señaló que el cobro del DAP es injusto, debido a que atenta contra la economía de las clases populares, además de que es inequitativo, ya que se paga por un servicio de alumbrado público lo tenga o no la población.

“Esto va en contra de lo que debe defender la Cuarta Transformación: la defensa de los más desprotegidos. Además, el cobro del DAP es un vicio del viejo régimen neoliberal, por lo que la Comisión Federal de Electricidad deberá cancelar este cobro pernicioso para la población”, enfatizó.

Parra Juárez consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador “deberá cancelar esta inercia neoliberal que sigue afectando a las clases más desprotegidas, y es un impuesto que se degradó en corrupción, no hay transparencia en su uso y destino”.

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