Huauchinango, Pue.- Indígenas de Cuacuila, en Huauchinango, que se oponen al gasoducto Tuxpan-Atotonilco, dieron a conocer maniobras legales del Juez Primero de Distrito en el estado con las que se anuló su derecho a la justicia y manifestaron su temor de que puedan ser detenidos ilegalmente.

Durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Puebla, señalaron que el juez ordenó hacerles un estudio socioeconómico “en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el estado”, tras su petición de que se condonara el costo de la publicación de una notificación en el Diario Oficial de la Federación que asciende a 40 mil pesos, situación que rechazaron debido a que temen ser aprehendidos ilegalmente como se ha hecho con otros luchadores sociales, como el líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulanes (UPVA) 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez.

Por lo anterior dijeron, el amparo colectivo 6/2014 se encuentra detenido por la falta de notificación a los terceros perjudicados que firmaron una servidumbre de paso en favor de la empresa Gasomex, encargada de la instalación de la tubería que atraviesa los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, pues los habitantes de Cuacuila no tienen esa cantidad de dinero para pagar los edictos.

El juez condicionó la posibilidad de condonar el pago de las notificaciones a que se presenten a las instalaciones de la PGJE para tener la certeza de que son personas con escasos recursos, pero esta situación fue rechazada “puesto que tenemos miedo de dicha institución por las aprehensiones ilegales que se han venido dando en los últimos meses en la ciudad de Puebla”, aclararon.

Estas actuaciones evidencian que el Poder Judicial de la Federación, particularmente en este caso el Juez Primero de Distrito del Sexto Circuito,  ha impartido justicia de “manera frívola e insensible en los proyectos denominados de muerte, donde existe una flagrante violación a los derechos colectivos” de las comunidades afectadas.

Los habitantes de Cuacuila han obtenido dos resoluciones judiciales a su favor que ordenaron la suspensión de la instalación de la tubería y pese a ello la empresa siguió trabajando hasta concluir el ducto que llevará más de 10 millones de barriles diarios de gas licuado  de petróleo desde el Golfo de México hasta el altiplano central del país.

Además cuentan con un dictamen pericial emitido por la Procuraduría General de la República (PGR) que confirma el riesgo latente que representa para su pueblo el gasoducto Tuxpan-Atotonilco, pero hasta el momento se han topado con la indiferencia y la negativa  de las autoridades de todos los niveles para cumplir la ley.

En la rueda de prensa también se habló de los amparos colectivos en contra del Gasoducto Morelos por parte de los habitantes de Atlixco (1881/2014-Juzgado 8º), San Felipe Xonacayucan (1877/2014-Juzgado10º) y Nealtican (1964/2014-Juzgado 11º ), ante los juzgados de distrito de la Ciudad de Puebla.

En todos los casos, se consideró que “los señores Jueces de Distrito, ilegalmente, omitieron valorar el peligro que representa la construcción de dicho gasoducto que está muy cercano a nuestras viviendas”.