La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al gobierno de Costa Rica al ex sacerdote Mauricio Víquez, para que sea procesado por su probable responsabilidad en los delitos de violación calificada, abuso sexual, corrupción agravada y difusión de pornografía en perjuicio de víctimas menores de edad.

Víquez fue detenido en agosto de 2019 en el estado de Nuevo León en atención a una orden de captura internacional girada en su contra por ser el presunto responsable de abusar sexualmente de menores de edad pertenecientes a familias costarricenses, mientras se desempeñaba como sacerdote en aquel país. Un año antes fue expulsado de la Iglesia Católica, y por un tiempo se desconoció su paradero.

El sacerdote ingresó a territorio mexicano el 18 de enero de ese año, tras huir de Costa Rica al haber sido expulsado de la Iglesia tras acumular al menos nueve acusaciones canónicas y una denuncia penal por abuso sexual a menores.

Dos de sus presuntas víctimas, Michael Rodríguez, de 38 años, y Anthony Venegas, de 33, señalaron que fueron abusados sexualmente al menos durante tres años de su adolescencia por el sacerdote y pidieron ayuda para encontrarlo en México.

El director de la policía judicial costarricense, Walter Espinoza, dijo en conferencia de prensa que Víquez fue detenido la madrugada del lunes 18 de agosto en la localidad mexicana de San Nicolás de los Garza, cerca de la ciudad norteña de Monterrey.

“El exsacerdote fue puesto a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México”, señaló el comunicado de la cancillería.

La Policía Judicial determinó su ubicación a partir de una red social en la que Víquez se identificó con su segundo nombre, Antonio, para ofrecer servicios de asesoría en elaboración de tesis, un trabajo que realizó en Costa Rica.

Con información de la empresa telefónica local, la policía mexicana determinó la casa donde vivía Víquez, por lo que realizó el allanamiento. La ley costarricense vigente establece que los delitos de abuso contra menores prescriben 10 años después de que cumplan la mayoría de edad.

El Gobierno de México concedió la extradición del reclamado al Gobierno de la República de Costa Rica. La entrega de la persona se realizó esta mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a agentes de ese país centroamericano, designados para su traslado y presentación ante las autoridades que lo requieren.

Fotografía: Cortesía

rvg