El Congreso impuso sanciones económicas que suman 217.5 millones de pesos e inhabilitaciones hasta por 12 años en contra de 15 ex ediles y dos ex titulares de los Sistemas Operadores de Agua Potable de los municipios de Izúcar de Matamoros y Guadalupe Victoria.

La propuesta de la Comisión Inspectora se votó en la última sesión del tercer periodo ordinario de sesiones y fue respaldada por las bancadas del PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, PVEM, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y PSI.

Los dictámenes presentados en contra de los 17 sujetos de revisión rubrican el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR), durante el cual los ex funcionarios pudieron comprobar el uso de los recursos públicos.

De las sanciones, destaca la hecha en contra de Efrén Marcelino Pineda Calderón, ex titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros por 47 millones 737 mil 781 pesos  y una inhabilitación por 12 años para desempeñar cargos públicos.

La resolución del IPADR en contra de Marcelino Atenco Alvarado, ex presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos. El ex funcionario será inhabilitado por 12 años y no comprobó el uso de 37 millones 365 mil pesos del periodo de 1 de enero al 14 de febrero de 2008.

Así como la sanción contra Amado Ponce Aldave, ex alcalde de Jolalpan, que enfrenta una inhabilitación por 12 años al no justificar el gasto de 35 millones 625 mil 545 pesos del periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2006.

Posponen diputados sanción contra Noé Peñaloza.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, los diputados aprobaron retirar la sanción económica por 87 millones 142 mil 25 pesos e inhabilitación por 12 años en contra de Noé Peñaloza Hernández, ex presidente municipal de San Martín Texmelucan.

Aunque la resolución del Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) se enlistó en el orden del día, al inicio de la sesión la diputada Sara Chilaca Martínez, presidenta de la Mesa Directiva, anunció que el punto se descartaría “para su estudio”.

El periodo por el que se sancionaría a Peñaloza Hernández, ex militante de Nueva Alianza, corresponde al periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2008, en el cual se le detectó un daño patrimonial por 21 millones 510 mil pesos y una deficiencia administrativa por 65 millones 631 mil pesos, dando un total de 87 millones 142 mil 25 pesos.

Además de la sanción económica, al ex edil de San Martín Texmelucan se le contempló una  inhabilitación por 12 años.

Patricia Leal Islas, presidenta de la Comisión Inspectora, negó que por un acuerdo político se retirara de la votación la sanción en contra de Peñaloza Hernández.

Asimismo, dijo que sería la Junta de Gobierno y Coordinación Política, órgano del cual es presidente el priísta Víctor Manuel Giorgana Jiménez, la que tendría que explicar por qué se acordó posponer la aprobación del dictamen.

Inician procesos por no comprobar mil mdp

Por otra parte, al faltar en la comprobación del uso de mil 45 millones de pesos, los integrantes de la LIX Legislatura aprobaron el Inicio de Procedimientos Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) en contra de 22 ex munícipes y dos ex titulares de entidades paraestatales.

La diputada Patricia Leal Islas declaró que en total se detectó un daño patrimonial por 388 millones de pesos y una deficiencia administrativa por 657 millones de pesos de los 24 sujetos a los que se revisó su cuenta pública.

Los titulares podrán aportar pruebas a su favor a fin de liberar el proceso, o de lo contrario enfrentarán la suerte de los 17 funcionarios anteriores.

En la lista de los 22 ex alcaldes que enfrentarán un procedimiento se encuentran el priísta Carlos Peredo Grau, quien fue edil de Tezuitlán, y Noé Peñaloza Hernández,  quien gobernó San Martín Texmelucan y tiene ya un proceso bajo revisión por su cuenta de 2008.

A Peredo Grau se le detectaron irregularidades por más de 47 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, mientras que Peñaloza Hernández no comprobó el uso de 200 millones de pesos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

En la lista de ex funcionarios que también tienen un inicio de procedimiento está María de Lourdes Nares Rodríguez, cuando fue titular del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública y el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ambos por el periodo del 1 de enero al 16 de febrero de 2011.

Validan cuentas de Urquiza, López Badillo y ex titular del IEE

Dentro de los dictámenes aprobatorios que presentó la Comisión Inspectora para su votación en el pleno, sobresale la cuenta pública de Manuel Urquiza Estrada, responsable del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.

Así como los ejercicios fiscales de Adolfo López Badillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012; y el de Jorge Sánchez Morales, ex consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) del 1 de enero al 31 de octubre de 2012.