El poder político y el poder económico están en cuarentena. Los máximos representantes de los dos poderes que le dan estabilidad a México están contagiados de Covid-19, el implacable virus que una vez más muestra que no respeta estatus ni condición social. El domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que contrajo el coronavirus y ayer un hijo del magnate Carlos Slim Helú lo dio a conocer a través de Twitter.

Pese a la coincidencia en el tiempo, en la etapa más virulenta y mortal del Covid-19 en el país, ambos se reportan con síntomas menores y con una evolución favorable en su estado de salud. Sin embargo, vale la pena reflexionar en tres temas importantes: primero, la forma en la que la pandemia ha trastocado la vida de todos los habitantes del planeta, en la que nadie, por más poderoso que sea, puede evitar contagiarse; segundo, la necesidad de una mayor y mejor coordinación internacional y local para producir, distribuir y aplicar de manera expedita y equitativa la vacuna contra el Covid-19; y tercero, la interrogante de si México está preparado para administrar un riesgo como el que significa que los dos hombres más poderosos del país estén infectados de un virus que ha matado a más de 2 millones 130 mil personas en el mundo.

La primera pregunta con respecto al presidente López Obrador es si su exposición al virus se pudo haber limitado siguiendo las medidas de seguridad sanitaria adoptadas en el mundo, incluido México, los cuales no han sido respetadas al pie de la letra por su gobierno, empezando por el encargado de gestionar la crisis del Covid-19, Hugo López-Gatell. O bien si debió haber sido vacunado, como otros jefes de Estado, para evitar contagiarse y preservar lo más posible la estabilidad y seguridad que significa que el líder del poder político de un país esté a salvo de una eventual complicación de salud.

El presidente mexicano, de 67 años, tiene además antecedentes de problemas cardiacos, entre ellos un infarto agudo al miocardio. Su cardiólogo Patricio Ortiz informó que en 2013 se sometió a una intervención coronaria. Durante su campaña a la Presidencia, López Obrador reconoció que tomaba medicina para controlar su hipertensión, una de las comorbilidades que hace más vulnerables a los infectados por Covid-19. Todo esto debió poner a sus médicos en guardia sobre un posible contagio y a sus asesores alerta por el riesgo político que podría generar para la estabilidad del país.

En el caso del empresario con mayor poder económico del país, Carlos Slim Helú, el planteamiento es distinto, aunque no tanto. Si bien la mayoría de sus empresas, entre ellas América Móvil, Carso e Inbursa, son administradas por sus familiares, él se mantiene como presidente honorario y es el principal interlocutor con el poder político. La mayoría de las decisiones importantes de sus negocios aún pasan por su escritorio.

El empresario, quien por décadas ha estado en la cima de los multimillonarios mexicanos –y algunos años también de los rankings globales–, es uno de los principales empleadores de México. Sus empresas dan trabajo a más de 300 mil personas en México y el valor de sus compañías públicas –las que cotizan en los mercados bursátiles– suma más de un billón de pesos. Su fortuna personal asciende a 55 mil millones de dólares y es considerada por Bloomberg como la número 23 del planeta.

Slim Helú, de 80 años, también ha lidiado con problemas del corazón. En 1992 se sometió a una cirugía cardiovascular por un problema con un aneurisma. Cinco años después volvió al quirófano por un aneurisma aórtico. Esta última vez perdió los signos vitales por unos momentos, al grado de que se consideró que había muerto.

La vida ha unido y desunido a López Obrador y a Slim varias veces. Los unió en 2003, con la rehabilitación del Centro Histórico, y los ha enfrentado en temas como el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Hoy, los dos hombres más poderosos del país viven en carne propia la virulencia de la pandemia del Covid-19, de la que deseamos que salgan bien.
 

Inhabilitan a arrendadora

La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por un año a la empresa Jet Van Car Rental para celebrar contratos con fondos federales y la multó con un millón 430 mil pesos, debido a incumplimientos encontrados en uno de los acuerdos que celebró en 2019 con el Servicio de Protección Federal (SPF).

La firma de Cuauhtémoc Velázquez y Teresa López es identificada como una de las consentidas del gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque la administración de Andrés Manuel López Obrador también le ha entregado varios contratos. De 2013 a 2018 se quedó con 401 convenios por un total de 6 mil 430 millones de pesos, y de 2019 a 2021 ha sumado 165 contratos más por 4 mil 62 millones de pesos.

Entre los contratos más destacados del sexenio actual se encuentra uno firmado con Seguridad Alimentaria Mexicana, por mil 714 millones de pesos, vigente de octubre de 2019 a enero de 2023; otros dos con Caminos y Puentes Federales, por un total de 556 millones 509 mil pesos, con plazo de abril de 2020 a diciembre de 2023; mientras que en este año se adjudicó otros con el Servicio de Protección Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores por 7 millones 931 mil pesos, y 7 millones 377 mil pesos, respectivamente.
 

El caso del Renapo

El sábado 16 y domingo 17 de enero se realizó la migración de sistemas del Registro Nacional de Población (Renapo), que dirige Jorge Leonel Wheatley Fernández, el cual implicaba la suspensión temporal del servicio de CURP y Registro Civil. Este procedimiento se realizó con el objetivo de trasladar la información a un servicio de nueva generación, debido a que en los próximos tres años se buscará que los mexicanos cuenten con la Cédula Única de Identidad Digital.

El centro de datos de Renapo fue renovado por Triara de Telmex, de Héctor Slim, y Engine Encore de BDrive It, a cargo de Guillermo Chávez. El traslado duró tres meses, aunque las estimaciones indican que podría llevar de 12 a 18 meses.

El asunto fue que antes y después de esta migración comenzó a posicionarse información en Twitter, la cual indicaba que el sistema estaba fuera de servicio. La ‘noticia’ se hizo tendencia hasta que las empresas involucradas y la Segob desmintieron la información.

En octubre de 2020 se realizó la licitación consolidada No. LA-004000998-E43-2020 para la Contratación del "Aprovisionamiento y Migración 2020, Administración y Operación de los Servicios de Cómputo de la DGRNPI 2020-2023", donde Sixsigma Networks México, subsidiaria de Kio Networks, perdió el concurso por presentar en la propuesta equipo de cómputo usado, con lo que dejó de ser el proveedor histórico de esta dependencia de la Secretaría de Gobernación.

En la industria sospechan que la firma de María Asunción Aramburuzabala fue la que estuvo detrás de la campaña negra. Según las investigaciones internas, se tienen indicios de que esta empresa había sido la responsable de filtrar información falsa para tratar de desestabilizar a su antiguo contratante.

Hace poco la auditoría de la Bolsa Mexicana de Valores determinó que la caída en el sistema en octubre de 2020 fue responsabilidad de Kio Networks. Han sido tiempos difíciles para esta firma que, se dice, está buscando un comprador.
 

Relevo en MetLife

Como lo adelantamos a finales del año pasado, el 1 de enero se concretó el cambio en la presidencia para la región Latinoamérica de la aseguradora MetLife, con la llegada de Eric Clurfain en sustitución de Óscar Schmidt, quien se quedará como asesor de su relevo hasta marzo.

Clurfain viene de la dirección general de MetLife en Japón y tiene entre sus misiones fortalecer en los mercados latinoamericanos el llamado compliance o cultura anticorrupción, debido a que en la región abundan casos como el de México, en donde la firma ha recibido diversas amonestaciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Estas corresponden en su mayoría a faltas atribuidas a la promotora Grupo KC de Daniel Guzmán, relacionadas con modificación de pólizas sin previo aviso a los asegurados, contratación de asesores que carecen de cédula ante la CNSF y hasta la ausencia de reportes de operaciones al SAT.

Columna de Mario Maldonado

Foto: Archivom

cdch