Enfrentado a una crisis agudizada en los frentes de la pandemia, la economía, una rebelión interna en Morena, y con la perspectiva de una mala relación con el gobierno Biden en Estados Unidos, el presidente López Obrador intentó la semana pasada una falsa huida hacia adelante: sentenciar a muerte a órganos autónomos, aun si ello supone una regresión en avances fundamentales incorporados a la Constitución en los últimos 20 años.

Un primer acercamiento obligaría a entender como una cortina de humo, surgida del indudable olfato político presidencial, el amago de integrar al gobierno central a los institutos federales de Telecomunicaciones (IFT) y el de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales (INAI).

La justificación declarada por el propio Presidente, de ahorrar gastos al Estado, resulta ridiculizada cuando se compara el presupuesto anual de, por ejemplo, el INAI (905 millones de pesos), con los 1,800 millones gastados en dos años para promover las aficiones del tabasqueño, como el béisbol, lo que ha incluido adquirir bajo condiciones sospechosas dos estadios en Sonora.

Sin embargo, hay que aceptar que López Obrador muestra consistencia en su repudio hacia los órganos autónomos. Así lo hizo como jefe de Gobierno en la capital del país, cuando intentó doblegar a la autoridad electoral y a las entidades protectoras de la transparencia y a la de derechos humanos mediante la inanición financiera. Como ocurre ahora, su administración estuvo dominada por la opacidad. 

Cada una de las 10 autonomías bajo protección constitucional, desde la del Banco de México a la del INEGI, pasando por la universitaria, el INE o la CNDH, han formado parte de un esfuerzo para perfeccionar al Estado, ofreciendo un contrapeso al exacerbado presidencialismo mexicano. Cual más, cual menos, todas parecen hoy bajo acoso. 

Así como el IFT busca oponerse a la captura del Estado por parte de los enormes intereses del sector de las telecomunicaciones, derechos de nueva generación, como el del acceso a la información en manos del poder, abren espacios a los ciudadanos en la toma de decisiones de política pública. Se trata de una enorme herramienta para exhibir a los servidores ineptos o venales. Con ella se combate la corrupción en los hechos, no solo en prédicas como las que se practican cotidinamente en Palacio Nacional.

El acceso a la información pública no puede depender de la buena voluntad de la 4T (en caso de que existiera). Derruir este logro, que ha tenido sucesivas mejoras, supondría sepultar lo que quizá sea el mayor impulso democrático de los últimos 20 años. Representaría una grave derrota en la larga batalla entre un Estado protector de libertades y uno autoritario. 

Apuntes:

Hay en el viaje de Hugo López-Gatell a Argentina algo que no nos quieren contar. El gobierno de Alberto Fernández, un incómodo aliado de la 4T, está acusado de exigir sobornos a laboratorios fabricantes de vacunas contra Covid-19, en particular Pfizer y Astra-Zéneca, lo que descarriló las negociaciones respectivas. Optó por ideologizar el tema y presentar como opción la rusa Sputnik V, al grado de otorgarle una autorización a espaldas de su organismo sanitario nacional. Pero Moscú mismo ha tenido que advertir que su vacuna no es recomendable para adultos mayores, por lo que ni Fernández (61 años) ni Vladimir Putin (68) se la han puesto. A la Sputnik V la defiende en México un importante despacho de cabildeo. Extraña mezcla. Además de enfriar el escándalo por sus vacaciones en Zipolite ¿para qué fue López-Gatell Ramírez a Buenos Aires? 

Columna de Roberto Rock L.

El Universal

Foto: Archivom

cdch