Huauchinango, Pue.- Ante las “presiones, chantajes y amenazas” a que son sometidos algunos usuarios de los servicios de crédito de empresas privadas instaladas en los 65 municipios de la Sierra Norte de Puebla, la asociación Causa Indígena pidió la intervención de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

A través de un oficio entregado en la presidencia del organismo que dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, miembros de la organización denunciaron la manera en que se conducen algunas empresas prestamistas y solicitaron les proporcionen un listado de las que están autorizadas para operar en la región, además de un dictamen sobre la legalidad de los contratos que celebran con las personas que necesitan de algún crédito.

Casa Indígena precisó que desde hace cinco años por lo menos han proliferado como hongos las oficinas donde a través de promotores se engancha a los pobladores con un préstamo en condiciones desventajosas para los usuarios y que los convierten en impagables, provocando la pérdida del patrimonio de los deudores.

Desde el día en que les entregan el dinero, señaló, empiezan a pagar intereses. “si se atrasan –lo más común-, su deuda aumenta considerablemente. La pobreza y su necesidad son las que los llevan a caer en brazos de estas sanguijuelas, que luego los despojan de su escaso patrimonio, a través del chantaje, las amenazas y las presiones que reciben”.

Señalaron que estas prácticas son comunes entre empresas como la Financiera Súmate o el Banco Compartamos que asegura ser una institución de banca múltiple. La primera puso en riesgo la estabilidad física y emocional de la señora Consuelo Galindo Monroy de Zapotitlán y el segundo dejó supuestas notificaciones “judiciales” sin fecha ni lugar de expedición a Concepción López Monroy, también originaria de ese municipio.

Mencionaron que se han dado casos, como el de una familia de Zacapoaxtla a la que empleados de las financieras les impedían salir de sus viviendas y aseguraron que ante el Juez Indígena de Cuetzalán se han documentado otros asuntos similares y en el extremo de la situación, algunos indígenas han abandonado sus comunidades por la presión que esas empresas ejercen sobre ellos.

Por esta situación, Causa Indígena pidió la intervención de la Condusef para proteger a los habitantes de la sierra norte poblana de los abusos de las empresas “agiotistas” que se han establecido en la región.