San Andrés Cholula, Pue.- A casi un mes de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) emitió la recomendación al ayuntamiento de San Andrés Cholula por la violación de derechos que cometieron policías municipales contra integrantes del movimiento Cholula Viva y Digna, el 7 de octubre de 2014 durante el retiro de un plantón, los afectados no se han presentado a ratificar la queja y señalar a los elementos implicados.

El contralor municipal, Héctor Huerta Calvario, sostuvo que el gobierno municipal aceptó la recomendación del ombudsman y justificó la inacción que se ha presentado a la fecha con que el gobierno no puede iniciar de motu proprio la denuncia contra los policías, sino que han ofrecido las facilidades a los agraviados para que formalicen su queja.

“La contraloría está en total apertura para recepcionar (sic) las quejas o denuncias que podrían presentar los integrantes de Cholula Viva y Digna que fueron detenidos y enjuiciados, pero hasta la fecha no se ha presentado nadie a presentar alguna queja en contra de funcionarios públicos municipales”, señaló.

Dijo que debido a que se llevó a cabo un operativo conjunto, solo derivado de las investigaciones que se realicen se podrá determinar cuántos elementos están implicados en la detención irregular.

Pese a que la recomendación 2/2016 establece que deberá iniciarse el proceso ante la contraloría y la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de los elementos, el funcionario refirió que la comisión solamente los obliga a darle las facilidades y coadyuvar en la presentación de las denuncias.

En tanto, que para cumplir otro de los puntos que marcó la recomendación, relacionado con la atención psicológica a los afectados, Huerta Calvario, dijo que también se le ofreció a los agraviados por parte del DIF municipal, sin embargo, tampoco lo han solicitado.

Como se recuerda, Adán y Paul Xicale, padre e hijo, integrantes del colectivo opositor al Parque Intermunicipal de Cholula, calificaron la recomendación como incompleta y tardía, además que en el fondo solo buscaba convertir a los policías en chivos expiatorios, cuando el presidente municipal, Leoncio Paisano, y el comisario de Seguridad Pública, Manuel Alonso, dieron la orden de agredirlos y sobre ellos no existía ningún grado de responsabilidad.

El edil sanandreseño también se refirió al caso, dijo que se atendió la recomendación así como se les notificó a los afectados para que pudieran recibir la atención psicológica y médica pero no acudieron.

Sostuvo que su gobierno cumplió a cabalidad y “lo que ellos decidan ya es responsabilidad de ellos”.

Con respecto a los policías implicados y el inicio de un proceso penal en su contra expuso que se hará lo necesario y lo conducente.