Huauchinango, Pue.- Opositores al gasoducto Tuxpan-Atotonilco de la comunidad de Cuacuila en Huauchinango, denunciaron que empleados de la empresa Gasomex y autoridades municipales y auxiliares, han armado una estrategia de intimidación jurídica asegurando que ya hay 12 órdenes de aprehensión contra los indígenas, “con la finalidad de que cesen en su lucha”.

Mediante un boletín difundido por la organización “Ciudadanos Indígenas en Defensa de sus Derechos” (Cidd), sus miembros reiteraron la denuncia de que se pretende criminalizar su rechazo a la instalación en las cercanías del pueblo que habitan, de la tubería que conducirá gas licuado de petróleo por una longitud de más de 300 kilómetros, por considerarla un riesgo para sus vidas.

Indicaron que algunos de los delitos de los que pretenden a acusar a los hombres y mujeres que participan en el movimiento son el de ataque a las vías de comunicación y amenazas y que la empresa Gasomex no ha dudado en acosarlos de manera constante para intimidarlos a través de sus empleados y de las autoridades municipales e integrantes de la Policía Ministerial.

“Durante las últimas semanas, en repetidas ocasiones han visitado a varios de nuestros compañeros en sus domicilios tanto empleados de Gasomex como funcionarios del Ayuntamiento de Huauchinango que preside Omar Martínez Amador, quien lejos de defender los derechos del pueblo de Cuacuila, ha ocultado información (el acta de cabildo del permiso de cambio de uso de suelo y todo el expediente de este caso), se ha negado a darnos la cara y ha actuado como cómplice de la empresa contratista de Pemex, seguramente con algún interés de por medio”, precisaron.

Por esta razón calificaron al gobierno municipal de tener un corte “autoritario, insensible e intransigente” y afirmaron que el presidente auxiliar  de Cuacuila, Rodolfo Lechuga Ahuacatitla, “lejos de defender la vida de los habitantes de su pueblo, actúa en complicidad demostrando que  ha negociado la instalación del ducto  dándole así la espalda”.

Los opositores acusan a la autoridad comunitaria de haber dado información a la empresa sobre las personas que participan en el movimiento y “prefiere reunirse con los empleados de Gasomex, que asistir a las asambleas comunitarias porque no puede darle la cara al pueblo”.

Por último, responsabilizaron a Gasomex y a Biósfera Ambiental, al presidente municipal Omar Martínez Amador y al presidente auxiliar Rodolfo Lechuga Ahuacatitla, “no sólo de lo que pueda  pasarle a la integridad de cada uno de los que estamos  defendiendo legítimamente la vida y nuestros derechos como pueblo indígena náhuatl, sino de los procesos legales que se puedan desatar en nuestra contra, pero además, de los daños, accidentes, explosiones y/o pérdidas que resulten a corto, mediano y largo plazo”.