Huauchinango, Pue.- A través de un abogado indígena, la empresa Gasomex amenazó con la cárcel a opositores a la instalación del gasoducto Tuxpan-Atotonilco de la comunidad de Cuacuila en Huauchinango, denunció el ex presidente auxiliar Constantino Pérez Amixtlán, quien fue amedrentado por el legista.

Se trata de Raúl Cruz Aranda, quien de acuerdo con familiares de los ex presos de conciencia, José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz, presentó la denuncia penal contra estos para fabricarles el delito de robo de vehículos por el que los defensores del agua de Atla, Pahuatlán, permanecieron encarcelados injustamente por más de tres años.

Con la intención aparente de alertarlo, Cruz Aranda llegó a la casa de Pérez Amixitlán la tarde del martes pasado para decirle que ya hay 12 órdenes de aprehensión contra el mismo número de personas de Cuaucuila por la presunta comisión de cuatro delitos, aunque sólo mencionó los de ataques a las vías generales de comunicación y amenazas.

“Me dijo, ya sabes pariente, cuando el gobierno quiere acabar con los revoltosos de que los truena los truena. Y hasta movía su pie como si estuviera pisando algo. Como le dije que este es un movimiento de todo el pueblo y que yo no soy su líder, insistió en que le diera algunos nombre de los dirigentes”, agregó Pérez Amixtlán.

El abogado insistió en que el ex presidente auxiliar deber cuidarse: “no sea que te metan a la cárcel ahora en navidad y esta casita que tienes no te va a alcanzar para pagar a los abogados porque se trata de delitos federales y te van a llevar hasta la cárcel de San Miguel. Además debes pensar en tu familia”.

Cruz Aranda hizo alarde de saber cómo operan los ministeriales y le puso como ejemplo, precisamente, la detención de los defensores del agua que fueron defendidos por Amnistía Internacional: “Me dijo que a ellos los detuvieron a bordo de una colectiva, que él mismo avisó a los judiciales cómo iban vestidos, que llevaban una camisa así y así. Yo creo que me dijo todo esto para que yo me asustara”.

Enseguida, Cruz Aranda le aseguró, como han hecho los ejecutivos de la empresa Gasomex, que el gasoducto que llevará 6 mil barriles diarios de gas LP del Golfo de México al altiplano central del país, “es seguro, que no hay ningún riesgo para la población”.

Luego, Cruz Aranda le pidió que fuera a hablar con el comandante de los Ministeriales y le aseguró que él era empleado de la Procuraduría estatal y que por eso tenía la información sobre las órdenes de aprehensión en contra de los opositores a la tubería. “Entonces le pedí que me diera la lista completa, pero en un papel oficial”, añadió el ex alcalde.

Pérez Amixtlán, agregó, le dije que “si me quieren detener, que aquí estoy porque no hemos cometido ningún delito, pero de qué me van a acusar. Me van a fabricar delitos porque no hemos tapado caminos, ni carreteras, ni hemos ofendido ni amenazado a nadie. Lo único que estamos haciendo es defender a nuestro pueblo y nuestros derechos como indígenas porque nunca nos consultaron para hacer esta obra ni nos informaron antes de los riesgos que corremos”.

También aseguró que vecinos de Cuacuila le indicaron que días antes vieron en el pueblo a Cruz Aranda con los Policías Ministeriales a bordo en una camioneta de color rojo, sin placas. “Seguro andaba identificando a los opositores e indicándoles dónde vivimos”, especuló.

Tras varias asambleas comunitarias, desde octubre pasado, pobladores de esta junta auxiliar ubicada al sureste de la cabecera municipal de Huauchinango clausuraron simbólicamente las obras de instalación de la tubería que llevará gas LP y tendrá una longitud de cerca de 300 kilómetros y denunciaron la violación de sus derechos a la consulta previa y la autodeterminación como pueblo originario.