La petición explicaba que los integrantes del cabildo habían sido privados de su libertad y golpeados. En el documento también se utilizar el término “desaparición forzada”.
Marco Antonio Cruz Ávila, ex director de Gobernación, y Sandra López Olvera, directora de Emergencias y Respuesta Inmediata, fueron detenidos por supuesta colusión con el crimen organizado.