De los 10 detenidos, nueve son originarios de Veracruz, únicamente uno es de Puebla. Todos están presuntamente relacionados con delitos de esta índole en otras partes del país.
La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó su presencia obligatoria en la audiencia, ya que el 30 de mayo ignoraron un requerimiento para presentarse.
La petición explicaba que los integrantes del cabildo habían sido privados de su libertad y golpeados. En el documento también se utilizar el término “desaparición forzada”.
