Se pretende despenalizar la siembra, producción, distribución, comercialización, portación y consumo de la mariguana y sus derivados, siempre y cuando sea para fines personales, científicos y comerciales.
Una de ellas es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que quita facultades a la Secretaría de Gobernación y crea la de Seguridad Pública y Protección Ciudadana
