Municipios Puebla

Desde hace medio siglo que la sombra de la sospecha recae sistemáticamente sobre los jefes policiacos en México. Por corruptos, narcotraficantes o por cometer tortura extrajudicial, los mandos en este país han sido el blanco de los señalamientos de la sociedad, colectivos y la oposición política.

No falta razón, cuando ponen el dedo en la llaga en el caso del exjefe policiaco del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, Hernán Bermúdez Requena por sus probables vínculos con La Barredora, el grupo criminal que se apoderó de la plaza en Tabasco, durante el mandato del jefe, hasta que fue llamado a ser secretario de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador.

Desde que José López Portillo hizo a Arturo “El Negro” Durazo jefe del Departamento de Policía y Tránsito en el sexenio de 1976 a 1982, se institucionalizó la corrupción entre un mando y grupos de narcotraficantes que inundaron de drogas a la Ciudad de México. “El Negro” consiguió amasar una fortuna inexplicable, como inexplicable que no haya sido sometido a proceso hasta que muerte lo alcanzó en el año 2000, víctima de cáncer de colon.

Los multicitados casos de Genaro García Luna con Felipe Calderón Hinojosa, entre 2006 y 2012; o el de Facundo Rosas Rosas, titular de Seguridad Pública con Rafael Moreno Valle que gobernó entre 2011 y 2017, a quien ni la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, caído en una reyerta con granaderos en julio de 2014, tiró son sintomáticos de un sistema podrido que protege al mal.

En México, el clima de impunidad alcanzó para encubrir a todos esos mandos, a excepción del caso García Luna que fue procesado y sentenciado por una Corte en Estados Unidos. Es la excepción que confirma la regla sobre el estado de cosas que aún con un régimen que presume combatir los privilegios como la 4T, persiste.

Era imposible y contra toda lógica que los expresidentes López Portillo y Calderón Hinojosa ignoraran de las actividades delictivas de sus responsables de las áreas de seguridad, como también resulta imposible que Adán Augusto careciera de datos sobre el verdadero perfil del gánster responsable de la seguridad de los tabasqueños.

Por eso resultó particularmente revelador que en la extensa exposición a medios del gobernador Alejandro Armenta del lunes 21 en Casa Puebla haya profundizado en una hipótesis con el propósito de cerrar el paso a cualquier asomo de sospecha sobre la conducta del mando al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, el vicealmirante de Marina, Francisco Sánchez González.

Encontró Armenta la forma de cerrar el paso a toda duda con la designación de un mando de formación en la Armada con el consenso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; y del de Marina, Raymundo Pedro Morales.

Y va en contra de la tesis de los grupos de interés locales en el ámbito de la seguridad que vieron un riesgo para la autonomía que el responsable del área reportara directamente a la oficina del Almirante Pedro Morales y de la propia presidenta. El mandatario poblano la convirtió en una fortaleza y para eso se necesita madurez y templanza.

No hay asomo de recelo y tampoco intención por mantener al margen del escrutinio federal lo que se hace en el estado en materia de combate al crimen.

Así como pintan las cosas, es altamente probable que no haya lugar a repetir episodios de oprobio del pasado, con impresentables como Facundo Rosas, Raciel López (el chiapaneco que despidió Miguel Barbosa), o del propio Bermúdez Requena en Tabasco. Que así sea.

@FerMaldonadoMX