Desde el jueves se orquestó una operación mediática y de redes sociales contra la llamada Ley del CiberAsedio.
A un viejo conocido de los poblanos se le encomendó encabezar los ataques contra los autores de esa Ley calificada de represora de la libertad de expresión.
Max Cortázar, exvocero de Rafael Moreno Valle, y secretario de Comunicación del CEN panista, recibió la instrucción de la dirigencia nacional, a cargo de Jorge Romero, por petición del presidente del PAN en Puebla, Mario Riestra Piña.
Las granjas de bots y trolls se atascaron de calificativos contra el gobernador Alejandro Armenta, colaboradores y legisladores.
Hasta viralizaron cuentas de los llamados armentafóbicos.
En el PAN se percataron que se les pasó la mano, llamando hasta dictador a Armenta, que cuando éste anunció la realización de foros, no sólo se adjudicaron la presión mediática, sino celebraron la acción del mandatario.
Ese doble juego panista. El problema es que La Ley del CiberAsedio marcó un antes y un después en la relación panista con el grupo morenista en el poder.
Los Riestra, Susana y Mario, así como Jorge Aguilar Chedraui, Genoveva Huerta, Carolina Beauregard y Mónica Rodríguez creen haber logrado una victoria política.
Esos triunfos que saben a funeral, porque se les pasó la mano. Lo saben.
Para nadie es un secreto que Riestra ganó la dirigencia del PAN, gracias al apoyo desde las más altas esferas del Gobierno, las cuales hicieron que acudieran a votar varias consejeras que ya están en Morena.
Varios aliados prófugos de Mario Riestra pudieron volver a respirar aire poblano.
El problema es que varios expedientes en la SEP, Desarrollo Rural, incluso en la Agenda Digital y Puebla Comunicaciones se desempolvarán en la Fiscalía y Auditoría Superior del Estado.
Por algo, el finado Luis Miguel Barbosa dejó abierto un expediente contra Max Cortázar, por la campaña negra que lanzó en 2018 contra él y su familia.
clh
