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Sorpresivamente el grupo parlamentario de Morena en el Congreso local presentó una iniciativa para crear una ley que garantice el Libre Ejercicio del Periodismo, pero que en realidad es un nuevo esfuerzo de control de los medios de comunicación y de frenar la crítica contra el grupo político en el poder. Es un proyecto que tiene un paralelismo con el morenovallismo que es: sancionar los llamados delitos de prensa por la vía civil, no por la vía penal, como una manera de crear la posibilidad de destruir económicamente a las organizaciones periodísticas que sean incómodas para el régimen.

Dicha iniciativa es muy pobre de contenido, en cuanto a que repite lugares comunes en el tema de defensa de la actividad periodística, contiene varios disparates –como prohibir a los gobiernos otorgar premios de periodismo– y su cometido final es: destilar el fuerte odio que la clase política siente hacia la crítica de los medios de comunicación.

Con este proyecto, elaborado por el político expriista y ahora converso a la 4T, Andrés Villegas, lo único que hace es cumplir con un ritual de inicio de cada sexenio, consistente en que: el grupo político en el poder expresa que tanto aborrece a la prensa.

No es exageración, solo hay que revisar los siguientes tres inicios de sexenio:

Primero: corrían los primeros días de febrero de 2005 y en un salón de Casa Aguayo, el director de La Jornada de Oriente, Aurelio Fernández Fuentes, y el autor de esta columna, entrevistaron al recién ungido gobernador de Puebla, el priista Mario Marín Torres, que a la primera oportunidad expresó: “Yo voy a acabar con la crítica mala de los medios de comunicación”.

De esa manera el político originario de la Mixteca poblana advertía que no sería tolerante con los periodistas que expusieran casos de corrupción o abusos de los gobiernos priistas.

No escaló en sus malas intenciones por que a Mario Marín lo alcanzó el escándalo del encarcelamiento ilegal de la periodista Lydia Cacho, lo que acabó con su carrera política y con su vida personal. Ahora está en prisión domiciliaria.

Segundo: a los 8 meses de que Rafael Moreno Valle Rosas llegó al cargo de gobernador de Puebla, en octubre de 2011, mando una iniciativa al Congreso local para sacar del ámbito penal los llamados delitos de prensa, que son difamación y calumnia, y mandarlos a la vía civil. Eso lo logró con los votos de los diputados del PRI, el PAN y el PRD.

El discurso oficial que esgrimió el morenovallismo es que era una medida para proteger la libertad de expresión, pero en realidad era todo lo contrario, era parte de un andamiaje jurídico para perseguir a todos los que osaran cuestionar al Poder Ejecutivo.

Al mandarse los delitos de prensa a la vía civil, se puede establecer sanciones económicas e incluso embargos para sancionar a los medios de comunicación o periodistas que pierdan un juicio por difamación o calumnia, en medio de ambiguas definiciones de esos cargos.

En cambio, cuando los delitos de prensa estaban en el ámbito penal, a lo mucho que se llegaba, era exigir una rectificación de una información u otorgar el derecho de réplica a quien se sintiera agraviado por un contenido de la prensa.

Tercero: a 5 meses de que inició la actual legislatura local y cuatro meses de que arrancó el sexenio del Poder Ejecutivo, Morena presenta una iniciativa para asentar que los delitos de prensa se deben perseguir por la vía civil.

Eso abre la posibilidad de generen juicios contra medios de comunicación incomodos para quebrarlos económicamente.

Es decir, Morena actúa con el mismo talante autoritario que el morenovallismo, que es: solo el grupo en el poder tiene la razón y el dominio de la verdad.

Solo hay que analizar la declaración que Andrés Villegas ofreció este jueves, luego de dar lectura al proyecto legislativo en cuestión, al indicar que el monto de los convenios de publicidad de los gobiernos con la prensa se debe determinar por “la veracidad” con que se maneja cada medio de comunicación.

Y entonces surge una pregunta básica: ¿quién y cómo se determina “la veracidad” con que actúa cada medio de comunicación? El proyecto legislativo de Morena no aclara nada este punto.

La parte más crítica de la propuesta legislativa de Morena, dada a conocer por Andrés Villegas, está contenida en el artículo 7, fracción XI, donde se plantea “la protección de la reputación” de los miembros de la clase política y queda claro que prosigue la disposición de sancionar a los periodistas y/o medios de comunicación mediante juicios civiles.

Ahí dice: “XI. La protección a la reputación debe estar regulada a través de sanciones de carácter civil en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público y en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias o información, el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas…”