Cuántos recursos ha recuperado el estado de 27 exfuncionarios y exediles detenidos

Durante los tres años y tres meses que han transcurrido del gobierno de Miguel Barbosa Huerta, resulta que jueces estatales han girado 27 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios y exalcaldes por haber cometido delitos de corrupción, peculado, desvío de recursos, entre otros, mismas que fueron cumplimentadas por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado.
Acciones legales no vistas con tal intensidad y números, desde los mandatos de Alfredo Toxqui Fernández Lara hasta José Antonio Gali Fayad.
O sea, desde hace 44 años.
Han sido 7 mandatarios de 6 años, uno de 2 años y un interino de 5 meses, emanados del PRI y PAN.
Y durante la primera gestión de Morena, en tres años y tres meses están en prisión 27 ex servidores públicos.
Más las que se acumulen al concluir mandato de Luis Miguel Gerónimo Barbosa, el 14 de diciembre de 2024.
Aprehensiones inéditas.
Lo mismo un titular de la Auditoría Superior del Estado.
Que un Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Que un Secretario de Movilidad y Transportes.
Que un exsecretario de Gobernación.
Que al principal operador Moreno-Vallista.
Y qué decir de expresidentes municipales.
Hechos impensables como el –presunto- asesinato en San Miguel del que fuera Oficial Mayor de la SEP en la pasada administración gubernamental interina, el cual se encubrió de “infarto”.
Además, de la primera “renuncia” a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y del cargo de Magistrado, de Héctor Sánchez Sánchez.
Todo ello ha acontecido durante la administración barbosista.
Lo anterior sin contar la detención del exgobernador Mario Marín Torres, por el caso Lydia Cacho.
Ni del ex Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por homicidio imprudencial en la Ciudad de México.
O del ex Diputado Federal, Saúl Huerta Corona, por violación a menor de edad en la CDMX.
Ni de Javier López Zavala, por feminicidio.
¿CUÁNTOS RECURSOS HA
RECUPERADO EL GOBIERNO?
El serial de aprehensiones han sido aplaudidas por unos sectores.
Para otros son acciones que llevan el sello de “cobro de facturas”.
Para otro tercio se trata “de venganzas” utilizando el aparato del Estado.
Lo cierto es que hasta hoy el Gobierno del Estado no ha dado información de cuántos recursos ha recuperado de los exfuncionarios y exalcaldes acusados de corrupción, desvío de recursos y peculado.
Nada se sabe.
Ahí están los casos de Felipe Patjane Martínez, edil en funciones de Tehuacán cuando fue detenido en noviembre del 2019 por actos de corrupción.
El de Eukid Castañón, principal operador político de Rafael Moreno Valle, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como la de Guillermo Aréchiga por actos de corrupción en la SMT.
Al igual que Francisco Romero en la ASE.
LA “ESPADA” DE BARBOSA
INVADE AL GOBIERNO DE
AGUASCALIENTES
Por otra parte, casi nunca –por no decir nunca- se había visto la intromisión de un mandatario poblano en las acciones de otro gobierno.
Mucho menos en los nombramientos de un Ejecutivo Estatal, que son facultad única y exclusiva del mismo.
Acaso un gobernador del PAN o del PRI descalificó la designación del chiapaneco Raciel López Salazar al frente de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Puebla, que hizo Barbosa Huerta.
O cuando tuvo que quitarlo por presuntos actos de corrupción, pues en un año Raciel López dejó una estela de componendas ilícitas en todo el territorio poblano.
Y la semana pasada a raíz del nombramiento de Secretario de Seguridad Pública del poblano Manuel Alonso García en el Gobierno de Aguascalientes, Barbosa lo calificó de “una mala decisión” de la gobernadora panista Tere Jiménez Esquivel.
Dijo Luis Miguel Gerónimo:
“Quizás la panista Jiménez Esquivel no conoce los antecedentes de Manuel Alonso”.
Ya sea la mandatario de Aguascalientes u algún otro, le dirá mañana, o pasado mañana, a Barbosa Huerta… ¿Por qué en tu administración van 4 secretarios de Seguridad?
¿Quién fallado… ellos o tú al no saber elegir?
¿Lo harán?
Que conste, son preguntas.
Al tiempo.