Municipios Puebla

Javier Rodríguez Díaz es dueño de la empresa Hogares Edén S.A de C.V y es el beneficiario de la decisión que tomó el Cabildo de Puebla de permitir la construcción de 2 fraccionamientos en el cerro de Amalucan, luego de que el desarrollador inmobiliario ganó un amparo que obligó a los regidores a brindarle dicha autorización. Lo que llama la atención, es la buena relación que tiene este personaje con funcionarios del gobierno de la capital.

Por eso es pertinente preguntarse: ¿Es solamente una coincidencia que se haya dado en este momento dicha autorización o se trata de un asunto de colusión? Hay dos aspectos que llaman la atención:

Primero: entre constructores no es un secreto que existe un fuerte lazo de amistad entre Javier Rodríguez Díaz y Felipe Mojarro Arroyo, el exedil de Tehuacán –entre los años 1999 y 2002—y actual encargado del proyecto de edificación de 4 mil viviendas por parte del gobierno panista de la capital.

Sobre todo, por las posiciones que ha tenido el expresidente municipal de Tehuacán, que fue 7 años delegado de Infonavit y director de la Comisión Estatal de Vivienda durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas. Ahora, en la gestión del edil Eduardo Rivera regresó a un cargo público relacionado con el sector de la edificación de casas de interés social.

Segundo: Javier Rodríguez Diez Martínez es un empresario que pertenece a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi). ¿Qué tiene eso de especial?

Que la Canadevi es la cámara empresarial privilegiada por el gobierno de Eduardo Rivera para construir miles de viviendas en los próximos dos años y medio.

Nunca hubo una explicación de por qué se entregó ese proyecto a la Canadevi, pese a que hay varios organismos privados dedicados a los desarrollos de viviendas.

Y resulta que otro destacado miembro de la Canadevi es Felipe Mojarro Arroyo, quien luego de dejar el cargo de delegado de Infonavit incursionó como empresario del ramo de las casas-habitación.

Siempre ganan

La autorización para la construcción de los fraccionamientos Lomas de San Juan 1 y 2, por parte de la empresa Hogares Edén, es consecuencia de que la compañía de Javier Rodríguez ganó el amparo 1968 del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil en contra del ayuntamiento de Puebla, lo que obligó al Cabildo a autorizar la urbanización del cerro de Amalucan, que se supone es un área arbolada protegida desde el gobierno estatal de Manuel Bartlett Díaz.

Sin embargo, durante la gestión del gobernador José Antonio Gali Fayad se construyó un parque recreativo en el Parque de Amalucan –supuestamente para preservarlo—y al mismo tiempo, se autorizó que en una fracción del área se construyan dos conjuntos de casas.

En 2019 se iniciaron los trabajos de acondicionar el suelo para arrancar el levantamiento de las casas, lo que provocó el derribo de árboles.

Por ese entonces el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta mandó a frenar la destrucción del bosque.

No se hicieron los procedimientos correctos en el ayuntamiento de la morenista Claudia Rivera y ahora, mediante una resolución judicial, se ha obtenido la autorización para ambos fraccionamientos sin importar que se va a destruir uno de los escasos pulmones que le quedan a la ciudad de Puebla.

Siempre los constructores salen ganando.

Por eso es común que los desarrolladores inmobiliarios siempre buscan tener “amigos y contactos” en el sector público.

Es la forma que funcionan los cárteles inmobiliarios, que destruyen el medio ambiente y lo llenan de cemento, con absoluta impunidad.