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De conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), contempla en su párrafo segundo, el derecho de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Lo que incluye necesariamente la internet y las diferentes formas de comunicación que conlleva como las redes sociales y las distintas plataformas electrónicas en la que se difunden videos y mensajes.

La citada porción normativa fue adicionada mediante reforma del 11 de junio de 2013 en la cual se buscó garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de banda ancha e internet, entre otros, pues de manera expresa se señala que “la universalidad en el acceso a la banda ancha y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones permitirá que, de manera pública, abierta, no discriminatoria, todas las personas tengan acceso a la sociedad de la información y el conocimiento en igual forma y medida, con una visión inclusiva; contribuyendo con ello al fortalecimiento de una sociedad de derechos y libertades basada en la igualdad.”

En ese contexto, las tecnologías de la información y la comunicación han tenido una gran repercusión en el debate público, considerando que la libertad de expresión ha encontrado nuevos mecanismos y plataformas para llegar a mayor número de destinatarios, lo cual resulta positivo en términos de lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que apunta como uno de los objetivos fundamentales de la tutela a la libertad de expresión, la formación de una opinión pública libre e informada, la cual es indispensable en el funcionamiento de toda democracia representativa (Jurisprudencia 25/2007).

Así, dentro de esos nuevos modelos de comunicación se encuentran los llamados “influencers”, que son personas que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema determinado y que, dada su capacidad de convencimiento con el tiempo han recibido el apoyo de sus seguidores a través de las redes sociales y de las distintas plataformas electrónicas en internet; de tal manera que pueden convertirse en factor determinante en las decisiones que tomen en los distintos ámbitos de la vida social, económica y política de un país determinado.

En ese contexto, el llamado marketing de influencer, o mercadotecnia influyente, es una forma de publicidad que ha surgido a partir de una variedad de prácticas y estrategias de comunicación, las cuales pueden tener un impacto importante en la comunidad sobre la cual se dirigen los mensajes en redes sociales y en las plataformas digitales en las que se difunden videos, con la finalidad de que sus “clientes” se sean persuadidos de sus mensajes para tomar una decisión en determinado sentido, y la materia político-electoral no es la excepción; en tanto que también buscan influir en el ánimo del electorado para enaltecer los logros y cualidades de un candidato o partido político, para finalmente resultar favorecidos en las urnas.

Así pues, los influencers pueden incidir en las preferencias electorales a través de la propaganda electoral, la cual es definida por el artículo 242, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. En el dispositivo de mérito se señala que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

Sin embargo, dicha libertad no es absoluta en tanto que se encuentra limitada por las disposiciones de orden público que rigen los procedimientos electorales, y que atendiendo al contenido de los mensajes en una contienda política y a las distintas etapas de los comicios, tienen como finalidad promover un espacio propicio para la libre manifestación de ideas que genere una opinión pública informada para beneficio de la democracia y de la renovación de los cargos públicos a través de elecciones libres, auténticas y periódicas; en lo particular al momento de definir la opción política de su preferencia, en el contexto de una competencia electoral justa y equitativa.

Por lo cual es preciso referir a la veda electoral, la cual transcurrió en el pasado proceso electoral 2021 del 3 de junio y concluyó el 5 del mismo mes, en la cual se suspendió todo acto de campaña, así como la transmisión de propaganda, 3 días antes de la jornada electoral del 6 de junio; la cual tiene como finalidad, establecer un período de silencio o de reflexión es garantizar que el elector decida con mayor libertad su voto.

Al respecto la Sala Superior ha sostenido que, el objeto del periodo de veda es generar las condiciones suficientes para que, una vez concluido el periodo de campañas electorales, los ciudadanos procesen la información recibida durante el mismo, y reflexionen el sentido de su voto, haciendo una valoración y confrontación de la oferta política que se presenta en los comicios, para lo cual el legislador buscó generar las condiciones óptimas para ello; con la finalidad de evitar que se emita propaganda que pudiera influenciar, persuadir o coaccionar al electorado, evitando ventajas indebidas, dada la cercanía con la jornada electoral (SUP-REP-16/2016 Y SUP-REP-22/2016 acumulado)

Por lo anterior, la Sala Superior del TEPJF ha establecido en su jurisprudencia distintos criterios que buscan por un lado maximizar la libertad de expresión en el ámbito público a través de las redes sociales y en general de las plataformas digitales, en la medida en que beneficia a una democracia participativa y deliberativa; y por otra parte, restringir y sancionar aquellos actos y mensajes que incurran en una violación a prohibiciones legales y vulneren la equidad en la contienda electoral:

1) En la Jurisprudencia 19/2016, señala el enfoque que debe adoptarse al analizar las medidas que se emiten cuando se impacta a la libertad de expresión en las redes sociales, por lo cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet;

2) En la Jurisprudencia 18/2016 determinó que la libertad de expresión goza de una presunción de espontaneidad en la difusión de mensajes en redes sociales, por lo que debe ser ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales se deben maximizar en el contexto del debate político;

3) En la Tesis LXVIII/2016 señala que en el contexto de la veda electoral se deben analizar integralmente los mensajes difundidos por personas famosas en redes sociales -entres las cuales entrarían los influencers- para determinar si vulneran alguna prohibición legal; por lo que la autoridad deberá realizar un análisis riguroso de cada mensaje denunciado en lo individual y adminiculadamente, tomando en cuenta el contexto de su difusión, pues sólo así podrá identificar si existen elementos comunes entre sí que permitan desvirtuar la citada presunción en la emisión de los mensajes. En lo particular, advertir si los partidos o candidatos, pudieron obtener un beneficio aprovechando la popularidad de las personas famosas en redes sociales e incorporarlos a sus estrategias propagandísticas, pues son sujetos fácilmente identificables por la ciudadanía y cuentan con un número relevante de seguidores, lo que tiene el potencial de transformarse en un vehículo eficiente, económico y relativamente sencillo para hacer llegar propaganda electoral directamente al elector, dada la lógica de funcionamiento de las redes sociales.

Por lo anterior, el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de certificar los perfiles de las redes sociales de los influencers para analizar los mensajes y referencias que demuestran respaldo, apoyo o simpatía a propuestas y posicionamientos de candidatos, partidos políticos y coaliciones; y con ello acreditar si son coincidentes con su plataforma electoral y que se han hecho públicas en un proceso electoral.

En ese sentido, tiene el deber de analizar si de los hechos denunciados y del material probatorio que obra en cada investigación, se desprende una estrategia de comunicación o campaña propagandística que puede influir en los electores; además, corroborar si existió una acción concertada o planeada con la finalidad de difundir y apoyar las propuestas políticas de un partido político o coalición.