Huauchinango, Pue.- El Catastro y la Secretaría General de Gobierno (SGG) intervinieron en el conflicto en Huauchinango por la disputa de un terreno entre autoridades municipales y una familia, en el que se construye una planta tratadora de aguas residuales.

Fue Roberto Rojas Valderrábano, secretario particular del subsecretario Fernando Morales Martínez, quien intervino en la identificación de las medidas y colindancias del lote ubicado en la comunidad de Totolapa (El Sifón), mismo que la familia Marroquín Luna afirma es de su propiedad desde hace más de 40 años, por lo que colocó una alambrada para “impedir mayores afectaciones”

En el sitio en cuestión, la federación y el Gobierno del Estado iniciaron los trabajos de la obra de saneamiento que servirá a los habitantes de la cabecera municipal, y que también impedirá mayor contaminación a las presas de Necaxa y Tenango, lugares donde se vierten las aguas residuales que generan los habitantes de este Pueblo Mágico.

Sin embargo, la obra que ejecuta la empresa Arquitectura y Diseño Residenciales de Puebla fue suspendida desde el pasado 16 de diciembre el pleito legal, debido a la intervención de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa)

Disputa entre el Ayuntamiento y los Marroquín

Sobre el conflicto, mientras los miembros de la familia Marroquín Luna –sobrinos de la ex diputada local panista Gloria Marroquín- poseen una escritura de propiedad del rancho Tuzamapan, el Ayuntamiento asegura que se trata de otro bien inmueble que le fue dado en comodato por la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

De acuerdo con Gregorio Marroquín Luna, ex candidato priista a la presidencia municipal de Huauchinango, el terreno es parte del acervo hereditario de su padre, Gregorio Marroquín Santos, y aunque aclaró que no está en venta, “sí podría llegar a un acuerdo con el municipio para el pago de los daños y la venta del predio”. 

La familia presentó una denuncia “contra quien resulte responsable” por los delitos de despojo, daño en propiedad ajena y contra el medio ambiente.

En tanto, el Gobierno Municipal de Huauchinango aseguró que los Marroquín no han logrado acreditar la propiedad del lugar, por lo que el “el fiscal investigador determinó que no había elementos jurídicos que acrediten los hechos denunciados”, y será un juez el que decida sobre los derechos en disputa.

En el sitio permanecen maquinaria, tractocamiones, postes y alambre, que colocó la familia, quienes además acusaron que los trabajos de construcción continúan a pesar de la determinación de Profepa y de que ellos han intentado impedirlos.

El proyecto de la planta tratadora

En la planta se invierten 160 millones de pesos, además se repararán y ampliarán los colectores marginales de La Palpa, San Juan (3N) y Santa Catarina, cuya construcción dio por terminada el ex alcalde Carlos Martínez Amador (2005-2008), pero a la fecha no han cumplido sus funciones de saneamiento y las aguas negras siguen cayendo a los ríos Texcapa y Chapultepec, entre otros que desembocan en las presas de Necaxa y Tenango.