Huauchinango, Pue.- Indígenas nahuas de la comunidad de Cuacuila en Huauchinango que se oponen a la instalación del gasoducto Tuxpan-Atotonilco que construye Gasomex, promoverían un amparo colectivo para solicitar la protección de sus derechos como pueblo originario que consideran violados con la ejecución de la obra.

En asamblea informativa realizada a medio día de este sábado en una calle aledaña a la presidencia auxiliar, los asistentes conocieron a las personas que los asesorarán legal y técnicamente: el abogado René Sánchez Galindo del Nodo de Derechos Humanos y el ingeniero Heberto Barrios Castillo ex trabajadores de las áreas de Petroquímica; Proyectos y Construcción y Refinación de Pemex.

Los pobladores de Cuacuila denunciaron a su vez el papel que han jugado algunos medios de comunicación en los que se ha difundido que su movimiento de resistencia tiene “tintes políticos” y aclararon que se trata de ciudadanos “de distintos colores, de distintas religiones que coinciden en su defensa a la vida, de nuestro pueblo indígena”.

Indicaron que un movimiento opositor similar al suyo se está empezando a organizar en Ixmiquilpan, Hidalgo donde los inconformes hicieron un primer paro, a pesar de que Rafael Ávila Mejía dijo que “no había oposición en ningún otro lado y que el ducto ya estaba funcionando desde Atotonilco hasta Ixmiquilpan”.

Pasos firmes

Sánchez Galindo explicó las acciones jurídicas a las que podrían recurrir “para ir con paso firme y que sea la comunidad la que salga beneficiada, para que se respete la voluntad de la comunidad” y no prevalezcan otro tipo de intereses.

Aseguró que un grupo de juristas ha empezado la redacción de un amparo colectivo para solicitar la protección de la justicia federal respecto a sus derechos a la autodeterminación sobre los recursos naturales que hay en su territorio, así como su derecho a la consulta previa, informada y en su idioma que garantizan los tratados internacionales reconocidos por la Constitución del país.

El abogado explicó a los indígenas los requisitos que debió haber cubierto la empresa Gasomex para iniciar la instalación de la tubería que conducirá 6 mil barriles diarios de gas LP desde el Golfo de México hasta el altiplano central, a través de 250 kilómetros de tubería de 10 pulgadas, de acuerdo con información de la gasera tras modificar el proyecto inicial.

“No importa que el ducto ya esté instalado en otros lados, si no hay permisos de la Semarnat, de las autoridades locales, es decir del presidente municipal y de su Cabildo en materia de uso de suelo, desarrollo urbano y asentamientos humanos y no cuenta con la autorización de la comunidad, la obra no puede realizarse”, indicó Sánchez Galindo.

Ustedes, les dijo, tienen derecho a conocer el proyecto, a saber qué afectaciones o ventajas puede tener y si hay personas que hablan otra lengua, la información se debe dar en ese idioma.

Por su parte, Barrios Castillo, informó los riesgos del transporte del gas LP, “es un producto explosivo, muy flamable, además es tóxico y en el caso concreto de Cuacuila el gasoducto Tuxpan-Atotonilco, pasará muy cerca de un kínder, con lo que no se están respetando las distancias mínimas. Por ello la comunidad debe estar al pendiente y nosotros apoyaremos lo que decidan”.

Barrios Castillo llamó a los cuacuileños también a sumarse a la lucha contra la reforma energética porque “cuando se abra el sector petrolero vamos a tener que luchar contra los extranjeros de Exxon Mobile y Chevron que menos nos van a hacer caso”.