Tras el señalamiento del subdirector de la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas (Conanp), Carlos Federico Cantú Uscanga, sobre el retardo por parte de la Profepa en la imposición de una sanción al ayuntamiento de Juan Galindo por el uso de una barranca como basurero, la Procuraduría anunció que ya realizó la clausura del tiradero y que la multa podría ascender hasta los 50 mil días de salario mínimo.

Fue en el mes de abril cuando vecinos de la localidad de Nezuhaya, perteneciente al municipio de Juan Galindo, acusaron la apertura del basurero a cielo abierto justo a la orilla de la carretera federal México-Tuxpan, situación que incomodó a los pobladores debido a los fétidos olores que se desprendían del lugar.

Algunos ciudadanos detallaron que se trató de un camión recolector de basura de la administración del presidente municipal de Juan Galindo, Fernando Platón Trejo, el que arrojó grandes cantidades con desechos a la barranca, misma que se localiza al interior del área natural protegida de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa.

Tras el hecho, el pasado el pasado 28 de agosto el subdirector de la Conanp acusó que a pesar de contar con las supervisiones, protocolos y formatos requeridos para realizar la clausura del lugar y determinar la sanción correspondiente, la Profepa aún no notificaba al gobierno de Platón Trejo sobre la sanción.

En respuesta, este martes 3 de septiembre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el 16 de agosto del presente año se efectuó la clausura total temporal del predio denominado “Tiradero de Basura a Cielo Abierto del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Juan Galindo”.

“El motivo de dicho acto es debido a que el sitio se encuentra dentro del Área Natural Protegida de la Cuenca Hidrográfica del río Necaxa y en suelo de vocación forestal”, precisó.

Especificaron que con base en los términos y cláusulas de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el ayuntamiento de Platón Trejo tendrá un plazo de 15 días hábiles para presentar ante éste organismo pruebas para su defensa.

“Después de este plazo, la autoridad estará en posición de revisar las pruebas o alegatos y emitir la resolución administrativa correspondiente, requiriendo las medidas de cumplimiento y aplicando las sanciones a que se haga acreedor, que de acuerdo al artículo 171 de la misma ley podrá ser por el equivalente de 20 a 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o las que haya lugar”.