Hace tiempo que el fraccionamiento de La Calera al oriente de la capital dejó de ser el entorno de ensueño para quienes buscaban un desarrollo familiar rodeado de áreas verdes y amenidades como asadores, gimnasios y salones de usos múltiples. El deterioro del ambiente, como el de la seguridad en todos los ámbitos es condenable y corre por distintas vías, como el de la falta de seguridad y nadie está ajeno.
El colapso de ese desarrollo inmobiliario se produjo la madrugada de este lunes con la ejecución de Efrén Ramírez Maldonado, un empresario joyero a quien, de acuerdo con diversos reportes de prensa, recibió al menos cinco impactos de bala y, mal herido, fue llevado a un hospital privado para terminar por perder la vida.
La reacción de condena de la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo Coordinador Empresarial sobre la muerte violenta de un empresario pone un acento particularmente difícil en la relación con el gobierno porque los liderazgos de ambas cámaras, Bety Camacho en Coparmex y Héctor Sánchez en el CCE tienen un asiento permanente en las mesas de seguridad en la que participa el gabinete en la materia.
Ambos o en lo individual han señalado a funcionarios o elementos que por descuido involuntario o por razones dudosas han dejado de hacer su trabajo y eso lo saben autoridades civiles de los tres niveles de gobiernos, fuerzas armadas y navales, responsabilizadas de recuperar la confianza ciudadana con acciones concretas en combate a la inseguridad.
Desde hace meses que las familias que habitan en esa zona han lanzado alertas que apuntan a un ambiente descompuesto. Con permiso o sin ellos, con acuerdos extralegales con las autoridades o sin ellos, han comenzado a proliferar negocios y giros negros que en automático atraen a un mercado dudoso y pernicioso en su mayoría.
Con videos captados por cámaras de seguridad colocadas en viviendas de la zona han mostrado en reiteradas ocasiones a las bandas dedicadas al robo de casa-habitación con un rasgo distintivo: la violencia excesiva hacía personal de asistencia doméstica o habitantes de las residencias colocadas como blanco de los atracos.
Han pasado distintos gobiernos en el municipio de la capital, la alternancia política ha quedado más que evidente, pero las condiciones de inseguridad han sido la constante. La mejora y la zozobra para los residentes del lugar no ha regresado ni con las promesas reiteradas de la autoridad en turno.
Sin una línea de investigación conocida por parte de la Fiscalía General del Estado, la muerte violenta de un hombre de negocios con un aprecio notable entre la sociedad poblana y el sector privado es condenable, como toda pérdida de la vida de mujeres y hombres en cualquier entorno. La muerte de violenta de Efraín Ramírez Maldonado podría ser la de mayor impacto en los tiempos que corren.
Y es una mala señal para quienes han ponderado la reducción de los indicadores en materia delictiva. La percepción opera en sentido contrario a la línea discursiva gubernamental porque coloca en segundo plano los indicadores que muestran una notoria caída en el porcentaje de eventos violentos.
@FerMaldonadoMX
clh
