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La reciente presentación de la “Estrategia Estatal contra la Extorsión” por parte del gobierno de Puebla es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Vivimos tiempos donde el delito ha migrado del callejón oscuro a la pantalla del celular, donde un clic puede bastar para vulnerar la vida de una persona. Sin embargo, así como aplaudimos el arranque de una estrategia integral, también es momento de voltear a ver otro punto, sobre todo en la atención directa a las víctimas, en la Fiscalía General del Estado. 

El caso de Alex —nombre que uso para resguardar su identidad— es uno entre miles. Su experiencia ilustra la vulnerabilidad a la que cualquier ciudadano está expuesto y, al mismo tiempo, refleja con crudeza las deficiencias institucionales para atender este tipo de delitos.

A Alex le robaron su celular durante un asalto en carretera Puebla-Huamantla. Fue precavido: dio de baja su número, canceló tarjetas, cambió contraseñas. Hizo lo que cualquier persona razonable haría en una situación así. Lo que no imaginó es que una simple imagen digital de su INE sería usada semanas después para suplantar su identidad y sacarle un préstamo a través de una app fraudulenta.

El acoso empezó con llamadas, siguió con amenazas. Fotografías de su familia —obtenidas de su propio celular robado— fueron usadas como método de presión. La extorsión escaló al punto en que, temiendo por la seguridad de los suyos, Alex transfirió dinero. Poco sirvió. El hostigamiento continuó.

Y aquí entra la parte más alarmante: cuando finalmente acudió a presentar su denuncia formal, la Fiscalía General del Estado no tuvo un solo Ministerio Público disponible para atenderlo. Dos horas de espera y ningún avance. ¿De qué sirve una estrategia estatal si no se refuerzan los puntos de contacto con el ciudadano?

La Policía Cibernética cumplió su papel y orientó a Alex, pero su dinero ya no volverá. Peor aún, su tranquilidad tampoco.

La estrategia presentada por el gobierno es ambiciosa: contempla inteligencia, operativos penitenciarios, congelamiento de cuentas, campañas de prevención y una Unidad Estatal Antiextorsión.

Sin embargo, reitero sin la capacidad de respuesta en las agencias del Ministerio Público, todo esfuerzo se vuelve letra muerta. La realidad exige no sólo políticas bien intencionadas, sino instituciones eficientes, funcionales y humanas.

Hoy más que nunca, reforzar la ciberseguridad ciudadana implica compromiso de las instituciones; se trata de atender con prontitud, eficacia y empatía a quienes viven el infierno de ser extorsionados.

Que la estrategia contra la extorsión reduzca este delito en Puebla, pues aunque las cifras no son elevadas, todos los casos deben atenderse. Que se traduzca en justicia real para personas como Alex.

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