Municipios Puebla

En el juicio que se inició para castigar la tortura y el abuso sexual que sufrieron dos periodistas de Izúcar de Matamoros, se cumple un mes en que un tribunal colegiado ordenó la prisión preventiva contra cinco expolicías y un exjuez municipal por ser presuntos responsables de haber dado declaraciones falsas a una autoridad y por desaparecer documentos oficiales que demostraban la detención ilegal de las comunicadoras. Hasta ahora, ninguno de los imputados ha pisado la cárcel por una larga serie de amparos que han obtenido para evitar ser aprehendidos.

Tal situación plantea un par de preguntas fundamentales:

¿Quién está financiando la defensa de los presuntos agresores de las periodistas Michelle y Natalie Hoyos López?

¿Y qué actores políticos están moviendo sus influencias para querer impedir que se haga justicia en este caso?

Hace aproximadamente un mes, el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito echó abajo una resolución que impedía la prisión preventiva contra seis exservidores públicos del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros que se dieron la tarea de presuntamente ocultar evidencias y documentos que demostraban como, la noche del 10 de marzo de 2023, las hermanas Hoyos López fueron detenidas ilegalmente por la policía de este municipio, para después ser sometidas durante cinco horas a un tormento –que incluyó una agresión sexual– en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El fallo del tribunal colegiado ordenaba la inmediata detención de los involucrados, lo que no ha ocurrido.

Los imputados han ganado, desde hace un mes, más de 20 amparos que hasta ahora los han librado de ser aprehendidos.

Y resulta que para lograr esos recursos de la justicia federal han cambiado, por lo menos, en seis ocasiones a los abogados que los defienden.

Ahí no terminado todo. Para que los seis imputados puedan obtener los amparos en cuestión, es necesario que dejen una garantía económica.

Por tratarse de delitos en que hay violencia y tortura, se establecen garantías altas para obtener los recursos legales de la justicia federal.

En ese tenor, cada uno de los imputados han tenido que pagar a los tribunales de distrito cantidades que van de los 5 mil y hasta los 30 mil pesos.

Los cinco expolicías y el exjuez municipal, Jesús N., implicados en este asunto, en conjunto han pagado más de 200 mil pesos para obtener los 20 amparos que, por ahora, les han evitado pisar una prisión.

Lo que no cuadra, es que los seis implicados dejaron de laborar en el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros cuando, en octubre de 2024, concluyó el periodo oficial de Irene Olea Torres como alcaldesa de Izúcar de Matamoros y contra quien pesa la sospecha de que estuvo atrás de la tortura de Michelle y Natalie Hoyos.

Esa situación llevó a que los involucrados se quedaran sin trabajo y sin ingresos económicos. Independientemente de que los expolicías cuando estaban en activo ganaban salarios inferiores a los 8 mil pesos mensuales.

Con esas condiciones actuales, se antoja imposible que los seis exservidores públicos tengan recursos suficientes para pagar garantías económicas que, en conjunto, suman más de 200 mil pesos.

Y sobre todo, que tengan dinero para cambiar seis veces de abogados.

Todo hace suponer que atrás de los acusados hay un fuerte apoyo financiero de algunos actores políticos.

Las sospechas apuntan a que sería Irene Olea que, con tal de “salvar el pellejo”, podría estar solventando los gastos.

Llama la atención porque, el lunes de esta semana, Irene Olea fue al Centro de Justicia Federal a responder al primer citatorio que le ha llegado por el juicio que está caminando. En esa sesión, la exedil se quejó amargamente con el juez de la causa que, no tiene dinero, ni siquiera para contratar a un abogado de “tercera”.

Es casi imposible creer ese dicho de la exalcaldesa, sobre todo cuando se sabe que el actual gobierno local de Izúcar de Matamoros, encabezado por Eliseo Morales Rosales, le está preparado supuestas acusaciones por daño a la hacienda pública municipal en el periodo en que fue edil, entre los años 2021 y finales de 2024.

La protección a los acusados no se reduce al tema económico, sino también del Poder Judicial, pues se percibe una presión para que los juzgadores ignoren las pruebas que recabó la Fiscalía General de la República y que demuestra la tortura contra las hermanas Michelle y Natalie Hoyos López.

Y ese tipo de influencias las tiene alguien de rango político superior al de Irene Olea.

clh