La creación de las Tiendas del Bienestar ha abierto un debate entre los expertos del sector privado, ya que algunos piensan que serán una amenaza a autoservicios y tiendas de conveniencia.
Más allá de la especulación, hay tres hechos.
Los consumidores que lleguen a las nuevas tiendas del gobierno federal podrán usar Tarjetas del Bienestar, a manera de tarjeta de débito; la red se montará sobre la ya existente de las 24 mil tiendas Diconsa y las 11 mil 706 Liconsa en todo el país.
Y, el tercer hecho no debería preocupar al sector privado, porque la línea de productos que se manejarán en estas nuevas tiendas no se parece ni remotamente a la que se puede encontrar en una tienda de autoservicio, inclusive en tiendas de conveniencia, además de que los horarios de éstas últimas son mucho más extensos.
Adonde el experimento mercantil del gobierno federal va a ponerse a prueba es con su propia transparencia, no menos del 83 por ciento de las licitaciones de Liconsa fueron asignadas mediante adjudicaciones directas.
Y, también, en experiencias de comercialización similar por parte del gobierno federal, la calidad de su frijol y su arroz deja mucho que desear.
Los establecimientos que sí pueden correr riesgos son las tiendas de abarrotes y misceláneas que suman más de 600 mil en todo el país.
Un competidor más en el mercado, de por sí reducido por las tiendas de conveniencia, puede traer graves costos para las tienditas de la esquina, que su mayoría son negocios familiares que sirven para la alimentación diaria de padres e hijos.
Habrá que esperar las consecuencias laborales de la iniciativa federal, porque el comercio no tiene mucho margen de donde asirse en un territorio amenazado por la falta de ingresos y el agobio del cobro de piso.
Demasiada presión sobre un sector noble, pero muy golpeado.
De las anécdotas que se cuentan
La próxima semana, el Senado designará a la próxima presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo peor que le puede pasar es la reelección.
Han sido siete los presidentes de la CNDH, quienes le han dado estilos, seguramente contradictorios, pero con mucho eficientes.
La actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra, concluye su mandato el 16 de noviembre próximo tras cinco años en el cargo y amenaza con reelegirse. El problema es entonces, que sea impulsada para mantenerse en dicha posición y seguir pulverizando a la estructura del Estado que todavía ha sido un tanto funcional para defender derechos humanos.
Los casos en los que la CNDH de Piedra ha dinamitado la autonomía de la institución que preside, se cuentan por docenas. Pero no solo eso, se habla con insistencia de un caos financiero al interior de la Comisión.
Ha dicho por activa y por pasiva que la Comisión a su cargo ha tenido el mayor número de resoluciones hechas en años, pero guarda hermético silencio cuando se le pregunta sobre cientos de casos en los que el Estado Mexicano presuntamente ha participado, desde atropellos a individuos hasta a pueblos enteros.
La realidad es que Rosario Piedra se ha mantenido silenciosa frente a la maquinaria de la militarización en asuntos de seguridad pública, la violencia contra los indocumentados y los “otros datos” del extraño censo de personas desaparecidas, siendo éste último punto, una bomba de relojería.
La actual presidenta llegó al cargo, en donde más de un analista explica, que ser hija de una connotada figura de la lucha social no es suficiente para llevar sobre sus espaldas la conducción de un organismo como la CNDH, y ahora quiere reelegirse y está en la terna final a pesar de que muchos legisladores de Morena se oponen a que repita.
Esas son las condiciones en las que la Comisión se encuentra hoy, sumergida entre el desgano, la maquila de resoluciones y el tapiado que encubre las debilidades del Estado Mexicano.
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clh
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