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La aparición de la juez Blanca Laura Olivier entre los nombres de las personas que aspiraron a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos de entre otros 11 perfiles por encima de las acusaciones por presuntamente liberar a integrantes de grupos delictivos no puede ser tomado en modo alguno a la ligera.

Olivier dijo apenas el 30 de octubre a Periódico Central formar parte de una ola de benefactores sociales. O casi.

“La vida nos va haciendo cada vez mejores personas; hoy soy una persona con mucho más experiencia, con más empatía con grupos en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo ahora que doy cursos gratuitos (…) hay que darnos nuestro espacio para vincularnos con la sociedad”.

Los problemas para esta mujer que fue enviada a atender un juzgado en el municipio de Tehuacán no terminan, aún después del 2020 cundo fue señalada por el ex gobernador Miguel Barbosa de emitir fallos en favor de presuntos integrantes de grupos delictivos cuando fue incluso objeto de una investigación de parte de la judicatura.

Apenas la víspera el Tribunal Superior de Justicia del estado hizo saber a través de un comunicado de la puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de un sujeto que fue sorprendido grabando debajo del vestido a la abogada litigante cuando acudió a realizar trámites propios de su profesión en Ciudad Judicial.

“El Poder Judicial reprueba enérgicamente lo sucedido, así como cualquier manifestación de violencia de género. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de quienes asisten y laboran en nuestras instalaciones y reafirmamos nuestra postura de cero tolerancia ante actos que vulneren la integridad y los derechos de las personas”.

Paloma Corte, la mujer que fue objeto de agresión a la intimidad en las instalaciones de la institución desde donde se aplica la ley subió a sus redes sociales y evidenció la identidad de un sujeto entrado en años, de blazer color claro y pantalón de mezclilla que al momento de ser detenido por personal de seguridad le fue asegurado un teléfono en el que, de acuerdo con la víctima, “hay un montón de fotografías de mas mujeres en ese teléfono”.

Lo que ni el Poder Judicial ni la abogada litigante, objeto de la lasciva intromisión del personaje, es que se trata del esposo de la juez que ya antes había sido sometida a escrutinio por su presunta conducta judicial en favor de probables integrantes de grupos de delincuencia organizada.

La conducta delictiva del marido no puede ser imputable a la juez, ya de por si señalada de actos presuntos actos reprobables. Si acaso, el agresor deberá ser sometido a un proceso penal y luego al reproche de su consorte en el ámbito de la privacidad en el contexto de una pareja en crisis por el oprobioso comportamiento de un marido con un notorio comportamiento que deriva de una patología.

La papa caliente cayó otra vez en el ámbito de la Fiscalía General del Estado que vuelve a exhibir carencias notables e incumplimiento de protocolos para evitar revictimizar a quien ha vivido una agresión a su intimidad.

La propia abogada y víctima del presunto depredador lo exhibió así en sus redes sociales. Ausencia de médico legista, larga espera para ser atendida en la Fiscalía de Atención de Delitos Sexuales con el presunto agresor a unos metros, con relativa calma en espera de la audiencia inicial, bien desayunado y bien defendido.

Y aún hay quien se cuestiona un reducido, pero segmento conservador si la reforma al poder Judicial era necesaria.

@FerMaldonadoMX