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Burdo y sin credibilidad ha resultado el proceso de selección del próximo ombudsman de Puebla, lo cual muestra el nulo compromiso de los diputados de la 4T –encabezados por Laura Artemisa García Chávez— con la defensa de los derechos humanos. Desde que arrancó la selección ya se sabía que la abogada Rosa Isela Sánchez Soya iba a ser la elegida, sin importar que carece de experiencia y preparación académica en la materia. Su llegada a este cargo se reduce a un aspecto pueril: su participación en la última campaña electoral de Morena. Solo eso, sin que se tenga algún otro atributo.

La dupla que será votada este miércoles en el pleno del Congreso del estado lleva a la cabeza a Rosa Isela Sánchez Soya y en segundo término a Marco Antonio Moreno Rosado, un importante defensor de los derechos sexuales y reproductivos. Aunque hubiera una sorpresa y el elegido fuera el segundo de ellos, el proceso legislativo ya está viciado porque se eliminaron a importantes aspirantes que tenían todos los atributos para llegar a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), o por los menos para ser considerados en la propuesta final.

Para nadie es un secreto que la injustificada calificación de 605 puntos obtenida por Rosa Isela Sánchez Soya, que fue la más alta de los 12 aspirantes a ser el próximo ombudsman, no es producto de una correcta evaluación, sino del papel que una familia jugó en la última campaña electoral morenista.

Rosa Isela Sánchez Soya es la madre de Alexa Espidio Sánchez, una joven de apenas 19 años que ya es diputada suplente de Morena por el distrito 19 local. En la campaña electoral dirigió la agrupación “Juventud Armenta Avanza”, que promovía el voto a favor de la 4T entre grupos de universitarios.

El padre de la legisladora Alexa Espidio es Joaquín Espidio Camarillo, quien es un médico del IMSS y un político veterano que inició su carrera en el PRI y fue parte del gobierno de Mario Marín Torres, “el gober precioso”, así como de la gestión del presidente priista Enrique Peña Nieto.

Joaquín Espidio fue de los primeros priistas que migraron a la 4T y se convirtió en regidor de Morena en la administración municipal de la capital, encabezada por Claudia Rivera Vivanco. Ahora es el secretario general en el ayuntamiento de Puebla, que dirige José Chedraui Budib. Ambos cargos los obtuvo por ser parte del grupo político del gobernador electo Alejandro Armenta Mier.

Cuentan los enterados que los bonos políticos de Rosa Isela Sánchez Soya crecieron en el pasado proceso electoral por dos razones:

Primera: apareció en la lista de aspirantes de Morena a la candidatura a diputada federal por el distrito 9 de la ciudad de Puebla y cuando en la cúpula estatal de la 4T se decidió que la postulación de esta demarcación sería para el PVEM, en la figura de José Antonio Gali López, hijo del ex gobernador panista José Antonio Gali Fayad, la abogada Sánchez Soya se disciplinó y se hizo a un lado de la contienda interna.

Segunda: dicen en “radio pasillo” que en la campaña Sánchez Soya habría tenido problemas de salud y aún con esa condición, habría cumplido con la entrega de las listas de electores “promovidos” para que votaran por Morena. Ese aspecto fue muy valorado en el equipo proselitista de Alejandro Armenta.

Nadie duda que, desde el punto de vista político, lo que han hecho los miembros de la familia antes descrita sea una conducta que muestra lealtad y disciplina con la 4T. El problema es que esas actividades que nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos.

¿Quién calificó?

El proceso legislativo de selección del presidente de la CDH para el siguiente lustro acabó siendo burdo y fingido por el hecho de otorgarle la máxima calificación de 605 puntos a Rosa Isela Sánchez Soya, mediante un proceso de evaluación nada trasparente que fue encabezado por el legislador Roberto Zataráin Leal, quien es neófito de la 4T y sin experiencia en materia de derechos humanos.

Lo ocurrido es como cuando a un maestro de bachiller lo obligan a aprobar en su materia a un mal alumno y en lugar de disimular, poniéndole un 6 o 7 de calificación, le otorga un 10, lo que genera el malestar, la burla y escarnio del resto de los estudiantes del grupo que saben que el compañero beneficiado nunca sacaría esa nota por méritos propios.

En la lista de aspirantes había varios candidatos que han sido victimas de abusos de poder, que han transitado muchos años trabajando a favor de la defensa de los derechos humanos con grupos sociales agraviados, que tienen una sólida formación académica y en algunos casos, que han tenido ya experiencia en el desempeño del sector público. Ellos son: Luis Soriano Peregrina, Marco Antonio Moreno, María Elena Guerrero Flores, María Luisa Núñez Barajas, Mónica Roldán Reyes y Raquel Medel Valencia.

Se puede entender que todos ellos, por criterios políticos, no hayan sido seleccionados para encabezar la CDH. Lo que no se puede justificar de ninguna manera es dictaminar
que la abogada Rosa Isela Sánchez Soya obtuvo un mayor puntaje que cada uno de estos aspirantes que, si tienen experiencia, formación y se han enfrentado a grupos de poder.

Es inentendible que tuviera el mayor puntaje cuando en su comparecencia tuvo las siguientes insuficiencias:

No presentó ninguna propuesta específica para sacar a la CDH de la crisis en que se encuentra, en que es un organismo burocrático y sin capacidad operativa para detectar y denunciar violaciones a los derechos humanos.

Tiene cinco años que habría concluido la cerrera de abogada, que en nada se compara con la experiencia de entre 15 y hasta 30 años de labor profesional de casi todos los aspirantes a la CDH.

La concepción que mostró –en su comparecencia– sobre la defensa de los derechos humanos es de corte asistencial, que considera necesario ayudar a las victimas de agravios, bajo la concepción de que deben ser objetos de protección.

Cuando el espíritu de las comisiones de derechos humanos es ver a las victimas como sujetos de derechos individuales y colectivos.

La violencia que vive Puebla reclama la existencia de una comisión de derechos humanos que esté del lado de las victimas de los abusos de poder. Sobre todo, cuando la seguridad pública se está dejando en manos de militares, que se destacan por su autoritarismo. Es un tema que no cabe duda de que no lo entienden los diputados locales de la 4T.