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En los tres últimos sexenios se nombró a personajes grises como presidentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) con el único propósito de convertir al organismo en un objeto de ornato. Ahora, la 4T no se puede equivocar y cometer el mismo vicio, por dos razones fundamentales que se combinan: por un lado, debido a los tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano los ombudsman no pueden ser removidos por ningún gobierno; por otro lado, se necesita que quien quede al frente a la CDH, se trate de una persona apta para entender y operar el cambio de 180 grados que a nivel nacional se dará en la protección de los derechos fundamentales.

La 4T encabezada por el próximo gobernador Alejandro Armenta Mier y la líder parlamentaria Laura Artemisa García Chávez deben entender que, si cometen un yerro con la elección del “defensor del pueblo”, ya no lo podrán quitar los próximos 5 años. Los tratados internacionales marcan que los ombudsman no pueden ser removidos, al menos que exista una causa grave y la Corte Interamericana de Derechos Humanos vigila que se cumpla con esa condición.

Pero lo parte más crítica, es que si se realiza una mala selección del nuevo titular de la CDH, Puebla podría quedar al margen de unos de los cambios más profundos que se quieren hacer en materia de derechos humanos de los últimos 34 años.

Y ese cambio ya está a la vuelta de la esquina, se podría producir en los dos meses siguientes.

Ese proyecto de reforma hasta ahora ha sido cobijado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y consiste en transformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una Defensoría de los Derechos del Pueblo, lo que implica reformar el apartado B del artículo 120 de la Constitución General de la República.

Desde 2022, se presentó el proyecto para hacer esa reforma, pero no había las condiciones para que se pudiera aprobar en el Poder Legislativo, por lo cual se aplazó por tiempo indefinido.

La actual coyuntura otorga el mejor escenario para hacer ese cambio por dos factores: la 4T tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y en las próximas semanas, termina el mandato de Rosario Ibarra Piedra como presidenta de la CNDH.

Lo que se pretende es eliminar la CNDH, que nació durante el salinismo y se limita a la protección de los derechos individuales, que es una visión neoliberal. Lo que se quiere es dar paso a la creación de la Defensoría de los Pueblos, que se enfocaría en preservar los derechos sociales, lo que permitiría al organismo proteger causas colectivas o de territorios.

Si se aprueba dicha reforma, que podría ocurrir tentativamente entre octubre y diciembre próximos, se crearía una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, así como 31 organismos similares en los estados, a excepción de Oaxaca, que ya tiene una instancia con esa orientación.

La 4T extraviada en Puebla

El panorama en Puebla de que se elija un buen ombudsman no es nada alentador, pues la 4T a nivel local nunca ha mostrado interés y capacidad de entender la relevancia de la protección de los derechos humanos. La mayoría de los diputados locales de las últimas dos legislaturas se decían ilusoriamente de izquierda, pero su comportamiento siempre fue conservador y profundamente intolerante.

Dicho panorama no parece cambiar mucho si se toma en cuenta que en el Congreso local el presidente de la Comisión de Derechos Humanos es Roberto Zataráin Leal, un legislador que se la pasa hablando de meditaciones tántricas, en lugar de entender de políticas públicas con carácter social.

Y por si fuera poco, Julio Miguel Huerta es parte de ese órgano, un personaje que como funcionario de la Secretaría de Gobernación fue un aliado de los caciques, como es el caso de la familia Celestino de Coyomeapan.

De acuerdo con los plazos que se han seguido en otras ocasiones, el nuevo presidente de la CDH de Puebla debe ser electo a más tardar el 7 de noviembre. Eso implica que en los anteriores 15 días hábiles debe haber un proceso de selección de una terna de candidatos con base a las propuestas de aspirantes que hagan organismos defensores de derechos humanos e instituciones académicas de educación superior. La convocatoria para todo ese periplo tendría que emitirse la próxima semana.

El perfil que debería dominar es seleccionar a un personaje que tenga las siguientes características: que se un probado defensor de los derechos humanos o incluso, sea un sobreviviente de los abusos que cometen autoridades. Que tenga capacidades administrativas para operar un posible cambio de Comisión de Derechos Humanos a la figura de Defensoría de los Derechos del Pueblo.

Una tercera característica es que sea una persona con empatía con los organismos de la sociedad civil, que son los verdaderos garantes de los derechos humanos en Puebla, como son los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, los colectivos feministas y que defienden el derecho al agua, así como agrupaciones que atienden el fenómeno migratorio.

Si el Congreso ratifica a José Félix Cerezo Vélez como presidente de la CDH, o se pone en su lugar un perfil similar a este personaje, el tema de la defensa de los derechos humanos bajo la 4T se habrá jodido.

clh