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Desde hace varios meses en el Colegio de Bachilleres de Puebla (Cobaep) regresaron los despidos injustificados de maestros y sonados actos de corrupción, como es la abierta venta de calificaciones a alumnos. Frente a esta nueva crisis de inestabilidad y desprestigio de la principal institución de educación media superior en el estado, el director general del Cobaep, José Luis Nájera Muñoz, en lugar de poner orden y aplicar la legalidad, ordenó una campaña de censura para todo el personal, bajo la amenaza que será rescindido todo aquel que proporcione cualquier tipo de información a quien sea.

De esa manera, cree –ingenuamente— que va a controlar los escándalos que surgen por su errática gestión.

Para nadie es un secreto que José Luis Nájera Muñoz ha resultado ser el director más bisoño que ha tenido el Cobaep en toda su historia.

Una situación explicable, ya que de ser un ayudante para garantizar la movilidad del extinto exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta pasó a ser –en enero de este año– director de una compleja institución educativa, sin tener experiencia, conocimientos, formación académica y sentido común para esta tarea.

Eso explica porque funcionarios de la administración central del Cobaep, directores de planteles, dirigentes sindicales y hasta padres de familia de la institución se quedan atónitos de una constante aseveración que hace Nájera Muñoz, que palabras más, palabras menos, dice algo así:

Que a él, no lo puso en el cargo, el actual cargo el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sino alguien de más poder que el mandatario, por lo que nadie lo podrá quitar de la dirección del Cobaep hasta que termine el actual sexenio.

Frente a esas palabras, muchos –incluido este columnista—se preguntan: ¿A nivel de la burocracia estatal quién puede ser más poderoso que el gobernador del estado?

Una primera respuesta sería el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque es de todos sabido que el primer mandatario del país, si algo le ha caracterizado, es su afán de combatir los abusos de los que el mismo llama “la burocracia dorada”. Además, no se antoja que Nájera Muñoz tenga el perfil político o social para ser protegido por el titular del Poder Ejecutivo federal o alguien con un poder superior al de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Si fuera cierto eso de que lo puso en el cargo alguien más poderoso que el gobernador, si Nájera tuviera un poquito de sentido común, no lo dice en público.

Aunque en realidad esa conducta refleja que vocifera esa expresión porque no sabe, de que otra manera, ganarse el respeto de los trabajadores y académicos del Cobaep.

La censura

Desde finales de abril pasado, pero con mayor intensidad en los primeros días del este mes, se ha hecho circular un par de documentos que se está exigiendo a todos los trabajadores del Cobaep que sean firmados, en donde reconocen que no tienen derecho a hablar con nadie de lo que pasa en el Colegio de Bachilleres.

Algunos directores administrativos y de planteles educativos se atrevieron a preguntar qué si era voluntaria la rúbrica. La respuesta que obtuvieron fue:

El que se niegue a firmar, si es trabajador temporal no se le va a renovar el contrato anual.

Y si es de base, se le va a cambiar de adscripción como una forma de sanción.

De los dos documentos, el más agresivo se titula: “Declaración unilateral de confidencialidad y no divulgación de información”.

El texto plantea este contenido, que es ambiguo en todo momento:

“Manifiesto mi compromiso de mantener en todo momento la confidencialidad requerida en todos los asuntos y casos presentados en relación con mi desempeño laboral en la institución, en atención a las funciones propias del puesto que desempeño con la finalidad de salvaguardar a la confidencialidad o anonimato de que debe de prevalecer, respecto al manejo de la información, la cual contiene información clasificada…” (Sic)

: “…me obligo a mantener en estricta confidencialidad toda la información que dispongo, utilizo, conozco o llego a conocer en forma intencional o accidental, con motivo de mi empleo, cargo, comisión o prestación de servicios encomendados, por lo que no podré reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros la información objeto de la presente sin previa autorización escrita o expresa”.

Las únicas excepciones son: “A) Cuando la información se encontrase en el dominio público, y B) Cuando la legislación vigente a un mandato de la autoridad administrativa competente en la materia exija su divulgación”.

Los abusos

Es evidente que la exigencia de que se firmen esos documentos es un intento de evitar que trascienden los muchos escándalos de abusos y corrupción que están ocurriendo en el Colegio de Bachilleres. Estos son dos ejemplos:

Los alumnos del Cobaep tienen la obligación de acudir a actividades paraescolares a lo largo del año, que principalmente son ocupaciones de educación artística o deportivas. También deben cubrir ciertas horas mínimas de asistencia a la biblioteca y laboratorios. Para que puedan aprobar un curso deben tener un documento que avala que cumplieron con todas esas labores.

Resulta que en los planteles 14, 21, 12 y 10, se ha regresado al viejo vicio de que se le estaría pidiendo a cada alumno unos 200 pesos para que los liberen de sus responsabilidades.

Solo les pide que paguen y les dan la liberación, aunque nunca hayan puesto un pie en la biblioteca, los laboratorios, así como las actividades artísticas y deportivas.

Pareciera que en esos planteles hubiera las clases de “corrupción 1, 2 y 3”, en donde se enseña que todo se arregla entregando un soborno.

Y se dice que lo mismo estaría pasando en la obtención de buenas notas en algunas materias.

Otro escándalo: pasó hace unos días en el plantel 20 de la ciudad de Puebla, en donde una joven llevó a la escuela una botella con vodka y le compartió –en las canchas deportivas—a una estudiante de un grado inferior, que estaba tomando medicamentos que reaccionan negativamente al alcohol. Eso provocó que la segunda de ellas se desmayara y tuviera que ser hospitalizada por varias horas.

Sin justificación alguna se despidió a la directora, un subdirector y un trabajador administrativo de ese plantel, simplemente porque alguien de la administración central del Cobaep se enojó por lo ocurrido. Sin tomar en cuenta, que es imposible controlar todo lo que introducen alumnos –en sus mochilas—a las instalaciones educativas. Revisarles sus objetos sería una violación al orden constitucional.