Municipios Puebla

Uno de los aspectos más trascendentes de la iglesia Católica en Puebla es su Banco de Alimentos (BA), una institución de caridad que sirve para paliar el hambre que sufren unos 170 mil poblanos que viven en extrema pobreza, principalmente en la zona metropolitana de la capital. Pese el alto impacto social de este esfuerzo, cuando el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa –hace siete o nueve años– le pidió ayuda al entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el mandatario se la negó, le impuso una fuerte carga tributaria y le dio una respuesta violenta, insolente, a través de su operador Eukid Castañón Herrera.

El suceso ocurrió entre los años 2014 y 2016, en el último bienio morenovallista, cuando se instaló la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP), que sustituyó el Instituto de Asistencia Pública de Puebla, que tenía programas de ayuda a la población vulnerable y se acabaron eliminando con la creación del JCIAP.

En alguna ocasión el arzobispo de Puebla tramitó una audiencia con Rafael Moreno Valle Rosas para solicitarle ayuda para el Banco de Alimentos. El entonces mandatario lo recibió en la residencia oficial del Poder Ejecutivo y cuando le preguntó cómo podía colaborar, el prelado le explicó que con el JCIAP se había creado un impuesto de 6 por ciento sobre todos los donativos que reciben las fundaciones e instituciones de beneficencia social.

Para el caso del Banco de Alimentos, le explicó, ese impuesto le significaba una perdida de recursos que le restaba efectividad en la dura labor de captar a diario cientos de toneladas de alimentos que desperdician en centros comerciales, cadenas de restaurantes y fábricas, mismas que en cuestión de horas se recolectan y se procesan para surtir comedores y despensas con las que se atiende a muchos miles de familias que pasan hambre.

Moreno Valle mostró un rostro de desagrado y usando sus dedos pulgar e índice, sujetó de una de las mangas al prelado y lo jaló con fuerza, con violencia, para obligarlo entrar a otra habitación, en donde se encontraban Eukid Castañón Herrera, el hombre encargado del “trabajo sucio” del morenovallismo, y Roberto Moya Clemente, quien era secretario de Finanzas, controlaba el dinero del grupo en el poder y en la actualidad es senador del PAN.

Cuando Moreno Valle les dijo, palabras más, palabras menos: “Viene a pedir que le condonemos un impuesto”, la respuesta de Eukid Castañón no se hizo esperar, quien con su mano empezó a dar fuertes golpes sobre la mesa, de manera rabiosa y autoritaria, para expresar:

“Toda la fuerza del Estado”, para dejar en claro que se negaban a dar un donativo, que el arzobispo pedía a través del no cobro del impuesto del 6 por ciento en cuestión.

Víctor Sánchez Espinosa, con la prudencia, claridad y serenidad que le caracterizan, se volteó hacia el gobernador en turno, lo vio al rostro y le habría expresado: “Se rompe el diálogo con ustedes”.

Y después se retiró, sin discutir la insolencia e insensibilidad de Moreno Valle Rosas, Castañón Herrera y Moya Clemente.

Los morenovallistas nunca hicieron nada para reconciliarse con el arzobispo. Pese a la labor que hace la iglesia supliendo las funciones primordiales de un gobierno, que es tener una política social para combatir la pobreza y el hambre.

No confían en el gobierno

A finales de la semana pasada el arzobispo le abrió las puertas del Banco de Alimentos a un grupo de periodistas, entre ellos este tecleador.

Todos acabaron –o mejor dicho acabamos— sorprendidos de dos aspectos: del diagnóstico social que hace la Arquidiócesis de la extrema pobreza en Puebla y el desperdicio de alimentos; y por la magnitud del BA, que no es algo menor; se tiene una enorme infraestructura para atender a miles de personas que a diario no tienen posibilidades de comprar comida.

Las cifras son terribles: se estima que 88 por ciento de la población en el estado tiene algún tipo de pobreza o carencia. Solo 12 por ciento de los habitantes de la entidad tiene una situación económica favorable para satisfacer todas sus necesidades.

Dichas carencias son más agudas en las zonas urbanas. De acuerdo con el diagnóstico en cuestión, la ciudad de Puebla es el cuarto municipio del país con más pobres. En toda la zona metropolitana habría unas 700 mil personas con algún grado fuerte de pobreza.

En contraste, en tiendas de autoservicio, en cadenas de restaurantes, en empresas grandes, en almacenes y en la Central de Abasto, se desperdicia todos los días hasta 40 por ciento de los alimentos. Son tirados a la basura.

Lo que hace el BA es que acude a todos esos lugares a recoger, los 365 días del año, esos alimentos, que son llevados a unas naves industriales –que miden unos 10 mil metros cuadrados–, frente a la planta de Volkswagen, en donde con personal voluntario se hacen paquetes de los productos obtenidos para ser distribuidos entre los comedores y sitios de repartición de despensas. Para ello, se cuenta con una flota de 60 vehículos pesados y ligeros.

Adicionalmente, el arroz y el frijol, se busca comprar a bajo precio, pues son dos productos muy demandados por la población y no se consiguen con donaciones. Tan solo de arroz, ya se ha repartido entre los pobres más de 1.5 millones de toneladas.

¿Por qué los consorcios entregan esos alimentos al BA?

En el recorrido por el Banco de Alimentos surgió una respuesta muy elocuente: porque no le tienen confianza al gobierno.

De hecho, en algún momento surgió otra confesión: ningún gobierno ha prestado ayuda al Banco de Alimentos, a excepción del ayuntamiento de Coronango.