La semana política cierra en Puebla con un expediente irresuelto. En Zapotitlán de Méndez, el edil Emiliano Vázquez Bonilla, de extracción priista, sigue sujeto a una investigación de la Fiscalía General del Estado.
No es asunto que puede ser minimizado, tampoco desdeñado. Potencialmente se trata de una bomba de tiempo a punto de estallar si no hay acción oportuna para contener el enojo general.
Una comunidad de padres de familia en la escuela Juan N. Méndez ya juzgó: fue responsable de activar un arma de fuego en contra del colegio en el que niñas y niños tomaban clases el jueves 19 de enero, a las 13:15 horas del día.
Vázquez Bonilla ha negado su participación en el supuesto ataque armado, pero no ha dicho que no bebe y tampoco si es propietario de alguna arma de fuego, presuntamente activada hace exactamente una semana.
La efervescencia en esa pequeña comunidad de ese municipio de la Sierra Norte coloca en una posición compleja a por lo menos tres instancias públicas: la Secretaría de Gobernación, la de Educación y al Partido Revolucionario Institucional.
La cadena de mando de este evento, que es investigado por la FGE, fue del director de la escuela, Armando Hernández Rodríguez a Javier Báez Domínguez, supervisor escolar de la zona 032; de María Lucina Jovita Domínguez, directora de Educación Primaria de la SEP a Oscar León González, jefe de Sector en Zacapoaxtla; de Jairo Martínez, coordinador de Desarrollo Educativo de Zacapoaxtla al encargado de Despacho en la SEP, José Luis Sorcia Ramírez.
Y es que como la experiencia dicta: en pueblo chico, infierno grande. El presidente municipal carece del apoyo popular en el lugar pues el solo deslinde en primera persona carece de credibilidad, y por algo será.
En el Gobierno del estado ya tienen información de la decisión de los padres de familia por no llevar a los hijos a un plantel en el que docentes y niños escucharon detonaciones de arma de fuego de un inmueble vecino al de ese centro escolar.
A la repulsa social se debe añadir la desconfianza respecto de la actuación de la Fiscalía General del Estado que, en una semana, no ha podido o querido demostrar avances sustantivos en la indagatoria.
En ocho días, desde que estalló el escándalo, el presidente del PRI en el estado, Néstor Camarillo, ya dijo que en ese partido “no somos abogado de nadie”.
La ocurrencia de quien activó un arma de fuego el jueves de la semana pasada ya tiene un alto costo en término de estabilidad social y política que emanaba con alcanzar a la capital.
Un grupo de la comunidad escolar del plantel Juan N. Méndez ha planteado elevar la barda perimetral del colegio para poner a salvo al alumnado ante probables nuevos eventos como el que está en el tablero.
La vida rutinaria de las familias en esa pequeña cabecera municipal fue trastocada. Niñas y niños que estudian en la escuela han tenido que suspender clases presenciales.
La divisa en ese municipio es la desconfianza hacia la autoridad municipal, pero también respecto a las autoridades estatales. Mientras, el edil sigue en un sospechoso bajo perfil.
@FerMaldonadoMX
